El Juzgado de Letras del Trabajo de Arica acogió la demanda por despido improcedente, con costas, presentada por un exfuncionario en contra del Ministerio Público y ordenó el pago de más de $9 millones por concepto de indemnización.
En el fallo, el juez titular Fernando González Morales estimó que la empleadora incumplió con las formalidades legales del término del contrato de trabajo que la unía al demandante, y que no probó en este juicio que su decisión se sustentó en hechos reales que establecieran la causal de despido.
“Procede se acoja la demandada en esta parte y se condene a la demandada al pago de la prestación demandada. En este sentido, el recargo legal está establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo, norma aplicable al despido del actor, conforme al citado artículo 83 de la Ley N° 19.640, y específicamente en la letra a) de aquella norma”, sostiene el fallo.
Por lo tanto, el tribunal acogió la demanda de despido improcedente de Pablo Morales Fuentes en contra del fisco de Chile, en representación del Ministerio Público y representado por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera Guerrero.
En consecuencia, la demandada deberá pagar al exfuncionario $8.385.947, correspondientes al recargo legal del 30% de los años de servicio, además del pago de las costas por $650.000, sumando $9.035.947.
