La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, presentó los resultados del Comité de Auditoría del Gobierno, instancia que detectó “patrones reiterados de debilidades estructurales” en distintos organismos públicos del país.
Durante el balance, la autoridad aclaró que los hallazgos no implican necesariamente la existencia de fraude, aunque reconoció que algunos antecedentes podrían eventualmente derivar en irregularidades administrativas o hechos de relevancia penal.
Entre las principales alertas detectadas se encuentran rendiciones insuficientes de recursos públicos, compras ágiles reiteradas al mismo proveedor, subejecución presupuestaria superior al 30%, concursos públicos desiertos y subsidios por licencias médicas que no fueron recuperados.
Castillo sostuvo que estas situaciones reflejan un problema transversal en el Estado. “Estos patrones trascienden un servicio específico y es un problema generalizado del Estado”, afirmó.
Uno de los antecedentes expuestos por la subsecretaria corresponde a la postergación de pagos desde 2025 a 2026 por aproximadamente 3.200 millones de dólares.
Según indicó, esto equivale a cerca del 1% del PIB y representa el mayor nivel detectado entre cambios de administración presidencial.
La autoridad afirmó que la situación afectó directamente a proveedores del Estado, incluyendo programas sociales, salud, alimentación escolar y cerca de 10 mil pequeñas y medianas empresas.
El informe también detectó más de 3 mil millones de dólares en compras realizadas mediante trato directo o compra ágil entre 2022 y 2026, pese a que, según el Gobierno, podían haberse utilizado mecanismos competitivos.
De acuerdo al análisis presentado, una gestión más eficiente podría haber permitido un ahorro estimado de 760 millones de dólares.
El Comité de Auditoría instruyó además auditorías específicas en distintos organismos públicos.
Entre ellos figuran la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, donde se detectaron posibles irregularidades vinculadas al Programa de Alimentación Escolar, incluyendo pagos por raciones no servidas y eventuales sobreprecios.
También se anunciaron revisiones en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, la fundación Prodemu, la Subsecretaría de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID.
Según explicó el Ejecutivo, los antecedentes podrían ser remitidos posteriormente a organismos como la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público.
