La noche de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que prohíbe el corte de los servicios básicos durante el estado de catástrofe por la crisis del COVID-19.
La iniciativa -que contempla a las empresas proveedoras de luz, agua, telefonía, Internet y gas- obtuvo 97 votos a favor, uno en contra y 6 abstenciones y, de este modo, ahora pasará a ser discutida en el Senado.
El proyecto, además, permite reprogramar las cuentas impagas en 12 cuotas futuras.
Al respecto, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, anunció una reserva de constitucionalidad por parte del gobierno. Esto implica que, si el proyecto es aprobado en todos sus trámites, deberá ser revisado por el Tribunal Constitucional (TC).
La autoridad explicó que lo anterior se debe a que la iniciativa “afecta la igual repartición de las cargas públicas y el derecho de propiedad; segundo, porque resulta inadmisible, a nuestro juicio, en atención a que genera gasto para el Estado; y tercero, porque afecta el derecho a desarrollar actividades económicas”.
El secretario de Estado además recordó que el gobierno tiene una iniciativa en esta materia, que fue anunciada por el presidente Sebastián Piñera y que beneficia al 40% de la población más vulnerable.
