Miles de mujeres de la minoría romaní tuvieron que someterse a una esterilización en la antigua República Socialista de Checoslovaquia. La mayoría de esas intervenciones se practicó en las décadas de 1970 y 1980. Pero también tras el derrumbe del régimen comunista en 1989 y la separación de la República Checa y Eslovaquia, en 1992, se produjeron esterilizaciones forzadas.
Tras varios intentos infructuosos, la Cámara de Diputados checa aprobó el 10 de marzo, en primera lectura, un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas. Este contempla un pago único de aproximadamente 12.000 euros a cada mujer afectada.
Para que entrara en vigor pronto, ambas cámaras tendrían que aprobar el proyecto antes de los comicios parlamentarios de octubre de 2021. Si eso no se consigue, la iniciativa tendría que ser tramitada nuevamente por el nuevo Parlamento emanado de las elecciones.
Helena Válková, exministra de Justicia y comisaria de Derechos Humanos checa, quien presentó el proyecto de indemnización al Parlamento, está convencida de que se convertirá en ley.
El tiempo apremia
Válková, del gobernante partido Alianza de Ciudadanos Descontentos, consiguió apoyo para su propuesta en todo el espectro político checo, salvo en el movimiento de extrema derecha Libertad y Democracia Directa.
Una amplia mayoría, de 77 de los 99 diputados presentes en la votación, le dio su aprobación. “Ese hecho me da la esperanza de que la ley pueda ser aprobada antes de las elecciones. Eso es importante, porque la mayoría de las mujeres afectadas tienen ahora entre 60 y 70 años, y no quiero que tengan que seguir esperando”, dijo Válková.
El proyecto prevé que las mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad deban probar el hecho. Luego, una comisión especial del Ministerio de Salud decidirá. “Ese procedimiento fue necesario para que el proyecto pudiera salir adelante”, explica la política.
“Además, era importante consignar que no son unas 1.000 personas las que tienen derecho a compensación, sino un número estimado en unas 400”, indica la comisaria checa de Derechos Humanos. “En consecuencia, la indemnización no costará miles de millones de coronas, como se había sostenido a veces”.
Según Válková, el monto de la indemnización se estableció sobre la base de un veredicto de 2011 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que asignó cantidades semejantes a romaníes que habían demandado a Eslovaquia por sus esterilizaciones forzadas.
Si bien el Estado checo pidió perdón en 2009 por esas prácticas, a juicio de muchos políticos, aún está en deuda con las víctimas.
Práctica metódica
Hasta ahora, no hay estadísticas precisas sobre la cantidad de afectadas. En 2005, se publicó un informe que indica que “desde 1970 hasta 1990, el Gobierno checoslovaco esterilizó metódicamente a mujeres romaníes para reducir las altas tasas de natalidad de esa minoría”.
La práctica de la esterilización forzada no cesó del todo en 1990. Las correspondientes leyes del régimen comunista se derogaron, pero se produjeron de tanto en tanto casos aislados, incluso después del año 2000. De acuerdo con el portal de noticias romaní romea.cz, el último caso conocido data de 2007.
En una conferencia de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, celebrada en 2016, se indicó que se han documentado casos de las últimas décadas “en la República Checa, Eslovaquia, Suecia, Noruega, Alemania y Uzbekistán”. Ya entonces, la conferencia instó a Praga a indemnizar a las víctimas. Ahora, por fin -y mientras en países de otras regiones, como Perú, en América Latina, similares prácticas se llevan a juicio-, en la República Checa parece haber la voluntad de dar, por lo menos, un paso simbólico.
Praga se propone indemnizar a víctimas de esterilizaciones forzadas
Mientras en Perú se realiza un juicio por las esterilizaciones forzadas del gobierno de Fujimori, en la República Checa se proyecta indemnizar con unos 12.000 euros a las víctimas romaníes de similares prácticas.