Por una mayoría de 25 votos a favor y 5 abstenciones, el Senado aprobó en general la moción que busca extender de 12 a 24 horas el plazo de flagrancia contemplado en el artículo 130 del Código Procesal Penal. Este cambio tiene como objetivo fortalecer la persecución penal por parte de las policías.
La Sala del Senado acordó recibir indicaciones sobre la moción hasta el próximo lunes 18 de este mes. La propuesta fue analizada por la Comisión de Seguridad Pública y es patrocinada por los senadores Manuel José Ossandón, Rodrigo Galilea, José García, Rafael Prohens y Kenneth Pugh.
El senador Felipe Kast, encargado de informar sobre el proyecto, explicó que la intención es ampliar el plazo que define el concepto de “tiempo inmediato” entre la comisión de un delito y la captura del imputado para efectos de la situación de flagrancia, de 12 a 24 horas, en casos donde la detención sea realizada por agentes policiales.
Durante el debate, intervinieron diversos senadores como Iván Flores, Francisco Chahuán, José García, Kenneth Pugh, Carlos Kuschel, Luciano Cruz-Coke y Luz Ebensperger. Todos ellos valoraron la medida como una forma de abordar las dificultades que las 12 horas de plazo actual generan para las policías y el procedimiento penal, resaltando que la moción proporciona mayores herramientas para la eficacia de la persecución penal.
Sin embargo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, expresó su preocupación sobre las expectativas generadas por la ampliación del plazo. Cuestionó si era razonable basar la eficacia de la persecución criminal en mantener una ficción de flagrancia de 24 horas, proponiendo en su lugar reforzar las facultades autónomas de la policía para llevar a cabo parte de la investigación inicial.
Ante estas inquietudes, senadores como Alfonso De Urresti, Isabel Allende, Claudia Pascual, Alejandra Sepúlveda y José Miguel Insulza, manifestaron sus dudas y solicitaron que la votación se realice solo en general, con el fin de perfeccionar y aclarar aspectos de la moción. Además, se propuso que el texto legal sea analizado en detalle por la Comisión de Constitución, lo cual fue respaldado por 12 votos a favor y 10 en contra.
