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Cámara de Diputados constituye comisión investigadora para indagar eventuales responsabilidades en el caso Convenios

La comisión indagará los cuestionamientos a la entrega de fondos públicos a entidades privadas, por parte de ministerios y seremis determinados.

Esta semana se constituyó una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados con el fin de indagar las eventuales responsabilidades en el denominado caso Convenios.

La instancia es presidida por el diputado Rubén Darío Oyarzo (PDG) y tendrá un plazo de 60 días para indagar a los ministerios de Hacienda; de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y de Desarrollo Social y Familia.

En concreto, la comisión indagará los cuestionamientos a la entrega de fondos públicos a entidades privadas, por parte de ministerios y seremis determinados. Además, acordó sesionar los martes, de 08:50 a 09:50 horas y entre los primeros invitados se determinó citar a la Contralora General de la República (s), Dorothy Pérez.

El grupo parlamentario también estará compuesto por las diputadas Chiara Barchiesi (PREP), Francesca Muñoz (PSC), Ericka Ñanco (RD), Camila Rojas (Comunes) y Daniela Serrano (PC). Además, la integrarán los diputados Jaime Araya (IND), Héctor Barría (DC), Miguel Ángel Becker (RN), Gustavo Benavente (UDI), Daniel Melo (PS), Cristhian Moreira (UDI) y Hugo Rey (RN).

Caso Convenios

La solicitud para conformar la instancia recuerda que el caso de Democracia Viva, que destapó el Caso Convenios, llevó a la investigación judicial de 53 instituciones que recibieron fondos del Estado, en 23 causas distintas.

En el texto, se detalla que “debido a que los hechos expuestos a la opinión pública no se acotan al Ministerio de Vivienda”, la Cámara deberá “investigar con mayor detalle las actuaciones realizadas en el resto de los ministerios implicados”.

La petición agrega que, entre las materias a indagar, están las razones de la entrega de dinero a determinadas fundaciones, ONG y otras corporaciones. En tal sentido, se llama a analizar el uso del trato directo y las resoluciones que lo autorizan.

El objetivo es determinar si se cumplen los requisitos para el uso de este mecanismo. Por esta razón, el documento señala que hay que investigar en profundidad los directorios de estas organizaciones y si existen más casos similares.

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