El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio aumentó en 50 días el plazo de investigación contra los exfuncionarios de Carabineros de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio que están siendo imputados por los delitos de tortura, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
Según los antecedentes de la Fiscalía de Alto Hospicio, los hechos ocurrieron en julio de 2023, cuando los entonces funcionarios policiales apagaron las cámaras de los calabozos, para golpear y rociar gas pimienta a un detenido, quien posteriormente hizo una denuncia, la que habría sido alterada en su contenido por orden del comisario de la unidad.
En el marco de la investigación de este caso, se mantiene al exfuncionario J.A.C.P. bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total, al imputado I.A.A.E. bajo arresto domiciliario parcial, y a A.M.A.U., E.A.G.C. y R.M.B.T., bajo las medidas de firma mensual y arraigo nacional.
Además, en la jornada del jueves, la Fiscalía formalizó a un sexto involucrado en el hecho. Se trata del imputado C.W.R.R, quien quedó con arraigo nacional y firma mensual, luego que el tribunal acogiera la cautelar solicitada por el Ministerio Público.
Según detalló la fiscal jefe de Alto Hospicio, Virginia Aravena, “se agregó a otra persona que no estaba inicialmente en la formalización original y que corresponde a un funcionario de la Tercera comisaría de Alto Hospicio de iniciales C.R. Fue formalizado por el delito de tortura y se le solicitaron medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, lo cual fue acogido por el tribunal”.
Respecto al aumento del plazo de investigación, la persecutora argumentó la petición, señalando que el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía debe analizar la información extraída de tres computadores y un notebook fiscales de la unidad policial que eran utilizados por los imputados en su trabajo. También, deben analizar los teléfonos celulares de los exfuncionarios para vincularlos con la causa.
El abogado querellante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) enfatizó que se debería investigar el delito de soborno y señaló que hay diligencias que no se han realizado. En tanto, los querellantes particulares adhirieron a la petición del Ministerio Público por la falta de pericias sociales para evidenciar la condición de la víctima y acreditar el delito de torturas por parte de los exfuncionarios.
La defensora pública de los expolicías se opuso a la petición y la abogada de uno de los excarabineros, Nubia Vivanco, compartió los argumentos de la defensora, señalando que la Fiscalía ha realizado una investigación “larguísima”.
No obstante, la fiscal Aravena indicó que la investigación “no es larga”, considerando que el parte que dio inicio al caso fue enviado por Carabineros el 11 de agosto de 2023 con el título “lesiones graves”. En dicha fecha la Fiscalía envió una orden de investigar, pero pasado dos meses se tomó conocimiento de lo que realmente pasó, ya que el parte estaba alterado.
La persecutora señaló que en entre diciembre de 2023 y enero del presente año, los imputados empezaron “a presionar a otros funcionarios” para retrasar el avance de la investigación, incluso fueron recién formalizados el 30 de enero pasado, porque “se hizo todo lo posible para perder el tiempo” con la pérdida de cámaras, alteraciones y obstrucciones, por lo cual, la solicitud “es proporcional”.
Escuchado las alegaciones de los intervinientes, el tribunal acogió la petición y aumentó el plazo de investigación en 50 días, considerando que hay una nueva persona formalizada, diligencias pendientes como el análisis de los contenidos extraídos de los computadores fiscales y los teléfonos celulares.
También faltan realizar las pericias sociales de la víctima y una solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre el protocolo de uso del gas pimienta por la institución policial y un reporte de las consecuencias que pudo haber generado la utilización de este aerosol en la víctima.
Excarabinero imputado cumple arresto domiciliario en casa de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio
En la audiencia de reformalización, la fiscal Virginia Aravena comentó que Carabineros le informó que uno de los imputados, el excomandante de la unidad policial de iniciales J.A.C.P., estaría cumpliendo el arresto domiciliario total en una casa de la institución policial, ubicada en las dependencias de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio.
“Se me ha informado por Carabineros que don J.A.C.P, en este momento, estaría cumpliendo el arresto domiciliario total en una casa de Carabineros. Está ubicada en la misma comisaría de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio”, dijo la fiscal.
Recordemos que, en enero de 2024, el entonces teniente coronel de la dotación de la plana mayor de la Prefectura Iquique había sido nombrado subprefecto fronterizo de la región de Tarapacá, pero tras ser acusado por los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la justicia y torturas, fue desvinculado de la institución.
La persecutora le indicó al juez de garantía que la casa que ocupa el imputado “tiene que ser entregada prontamente, por lo tanto, cómo está cumpliendo un arresto domiciliario total, pedirle que se le fije el plazo para que señale el nuevo domicilio donde va a cumplir su arresto domiciliario total”.
Por su parte, la abogada Nubia Vivanco respondió que “eso se está conversando, no solamente con la institución, sino que también se está conversando al interior de la familia respecto del lugar en donde se cumpliría finalmente por un tema económico”.
La defensa del excarabinero señaló que el imputado “fue apartado del servicio, por lo tanto, no hay recursos económicos como para optar una vivienda bajo la figura del arriendo en la zona entiendo que son muy caros y es lo que se está discutiendo precisamente con el interno de la institución”.
“Se ha solicitado el uso (…) por lo menos del domicilio particular, por un plazo determinado que no ha sido todavía señalado por la institución, pero que podemos comprometernos a tener ya un poco más claros durante los próximos días”, agregó.
En tanto, el juez de Garantía le consultó al acusado si le habían pedido la fecha de entrega del inmueble, a lo que J.A.C.P. respondió que “efectivamente la casa es anexa a la comisaría y como se fijó en la primera audiencia, se solicitó por parte de ella no tener acceso y las puertas fueron bloqueadas”.
“El comisario nuevo que llegó, como lo indicaba recién, está viviendo ya en una casa en la ciudad de Iquique. Esa casa no va a ser utilizada. Si bien, carabineros, me la va a solicitar y para eso hay plazos (…) lo que ocurre, magistrado, es que, Carabineros, cuando lo indica una persona, son 60 días para que uno pueda entregar la casa”, agregó el exfuncionario.
“La intención mía era poderme ir y salir de la ciudad en un lugar donde puedo radicarme, que es en el sur, pero momentáneamente, por los colegios de mis hijos (…) se hizo la solicitud a los colegios y todos tienen que ingresar a la tómbola y no es posible”, complementó el imputado, señalando que podría dejar el domicilio de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio en diciembre del presente año.
Excarabineros de Alto Hospicio imputados por tortura y falsificación de instrumento
Según la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, el 19 de julio de 2023, fueron detenidas tres personas por el supuesto delito de violación de morada. Entre ellas se encuentra la víctima de iniciales R.A.V., junto a su pareja y un tercero.
En ese momento, el afectado se negó a firmar el acta de salud y acudir al consultorio para constatar lesiones, luego el excoronel de Carabineros J.A.C.P. le ordenó al cabo primero I.A.A.E. apagar las cámaras de vigilancia del sector del calabozo.
A la celda ingresaron los motoristas A.M.A.U. y E.A.G.C., quienes redujeron a la víctima, lo pusieron boca abajo, le doblaron los brazos para esposarlo y procedieron a golpearlo; en tanto, A.M.A.U. le roció gas pimienta. Golpiza que fue observada por la subteniente R.M.B.T., la que culpaba al detenido por no haber podido terminar su jornada.
Tras la golpiza, los imputados A.M.A.U. y E.A.G.C. sacaron a la víctima del calabozo para trasladarlo a un consultorio. En el trayecto al carro policial, al no poner mantenerse de pie y caer de rodillas, los policías volvieron a golpear e insultar a la víctima.
En la audiencia de control de detención, se declaró la ilegalidad de la detención, la víctima concurrió al mismo centro médico donde se le diagnosticaron lesiones menos graves.
El 4 de agosto de 2023, la víctima volvió a la Tercera Comisaría de Alto Hospicio a estampar la denuncia por las agresiones del 19 de julio, sindicando al oficial de la unidad la responsabilidad de la golpiza.
Al tomar conocimiento de la denuncia por parte del imputado A.M.A.U., el excomandante de la unidad policial J.A.C.P. ordenó retener el parte policial original y antes de enviarlo a la fiscalía, le ordenaron a R.M.B.T. que modificara su contenido, el que quedó redactado en términos generales y sin atribuir a nadie responsabilidad directa. Tras obligar a otra funcionaria a firmar el documento, fue remitido a la fiscalía de Alto Hospicio recién el 11 de agosto de 2023.
Asimismo, el 4 de agosto, cuando la víctima fue a hacer la denuncia, el cabo primero I.A.A.E. concurrió a la guardia de detenidos para solicitar accesos al dispositivo de grabación de las cámaras de vigilancia y, bajo la excusa de que el equipo estaba con problemas, sacó el DVR para llevarlo a la oficina de la SIP con la supuesta intención de repararlo.
Una vez que se inició la investigación penal, J.A.C.P. comenzó a coordinar las declaraciones de los demás implicados, a fin de desligar responsabilidades y cubrir su participación en los hechos. Además, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, J.A.C.P. presionó a dos funcionarios que estuvieron en la guardia el día de los hechos, para que no relataran lo realmente sucedido, sino lo que él decía que debían declarar.
