Como un avance positivo calificaron las autoridades regionales y nacionales las medidas dispuestas para fortalecer la transparencia, probidad y la agenda de modernización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tras el caso Convenio. En esa línea, tras un año de la presentación de la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia, el MINVU ya cuenta con el 68 por ciento de cumplimiento en las 19 medidas dispuestas para fortalecer la gestión nacional y regional, con énfasis en la restructuración de los procesos conforme a las disposiciones establecidas por la Contraloría General de la República y por la normativa vigente.
Respecto a esto, el seremi del MINVU en Tarapacá, Diego Rebolledo Flores, realizó un análisis en este tiempo de profundos cambios en la gestión pública en general. “Sin duda que este caso en particular fue duro para funcionarios y autoridades de este Ministerio. Pero más allá de los procesos de investigación que siguen su curso, se ha tratado de convertir esta crisis en una verdadera oportunidad para mejorar la gestión, con más transparencia y sin perder el foco en el compromiso que tenemos con las familias de nuestra región que aún esperan su vivienda definitiva, con la ciudadanía que necesita de mejor infraestructura barrial y cuidades más justas. No nos hemos paralizado y seguimos trabajando en el Plan de Emergencia Habitacional, en forma paralela con todas las modificaciones en los procesos que plantea esta Agenda”, aseveró.
Además, respecto al plan de asentamientos precarios, recalcó que se trabaja para mejorar la gestión de campamentos. “El programa de Asentamientos Precarios ha sido uno de los más impactados con esta crisis. En año pasado se debió detener el trabajo directo en los territorios y este año comenzamos la reactivación con objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo por la gran cantidad de campamentos y tomas de nuestra región, para lo cual se están trabajando bases de mecanismos de licitación pública para volver a los territorios, pero con una presencia activa también de los funcionarios y funcionarias”, indicó el seremi Rebolledo.
De igual forma, entre los aspectos relevantes que se implementaron post crisis, el Seremi valoró la implementación del sistema de rendiciones de Contraloría-SISREC (Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas) “que se mantiene en operación y es parte de los compromisos adoptados por nuestro ministerio y que se dio a conocer en una serie de medidas difundidas en distintas plataformas y medios de comunicación”.
En tanto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes afirmó que “Estamos progresando decididamente en fortalecer nuestra institucionalidad para que no vuelva a suceder que inescrupulosos se aprovechen de los dineros destinados a las familias que viven en campamentos”.
El secretario de estado destacó que “desde el primer día de conocerse las irregularidades en la región de Antofagasta, nosotros actuamos de frente para esclarecer estos hechos, estableciendo responsabilidades políticas, iniciando investigaciones internas y colaborando con la Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Así también, lanzamos una agenda que buscaba dar respuesta a la inquietud ciudadana por el denominado caso Convenios Minvu, desde la mirada de la modernización de aspectos centrales de la gestión del ministerio y el Programa de Asentamientos Precarios”.
Cabe precisar que del total de recursos indagados por el Ministerio Público por convenios entre organismos del Estado y fundaciones, un 13% correspondería a secretarias regionales del Minvu y el resto a Gobiernos Regionales, según datos de la fiscalía.
