Luego de tres días de audiencias, la Fiscalía de Tarapacá obtuvo la prisión preventiva de 35 imputados vinculados a una organización criminal desarticulada el pasado jueves en un amplio operativo llevado a cabo en Iquique y Alto Hospicio. La investigación está relacionada con el triple homicidio que conmocionó a la comunidad en abril de este año.
Entre los formalizados, 19 son considerados miembros activos de la banda, compuesta principalmente por ciudadanos colombianos que operaban desde 2022 en las tomas Fortaleza Unida de Alto Hospicio y en sectores céntricos de Iquique.
Además, se incluyeron en la formalización a dos imputados que ya estaban en prisión y a otros dos que se encuentran formalizados en ausencia, entre ellos uno de los líderes de la organización apodado “Camaleón”, actualmente detenido en Colombia por otro delito.
Durante la audiencia de formalización, fiscales de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) y del equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) presentaron más de 30 incidentes en los que habrían participado los imputados entre 2022 y 2024. Los delitos atribuidos incluyen homicidios calificados, extorsión, robos violentos, tráfico de drogas y amenazas. Todos los formalizados quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva por asociación criminal y otros delitos.
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, expresó que “estamos satisfechos de los resultados de esta investigación que inició a raíz del triple homicidio, con la cual logramos que la totalidad de los integrantes de esta peligrosa banda criminal se encuentren actualmente privados de libertad”.
Steinert recalcó que “para el Ministerio Público, este es el inicio de un arduo proceso que esperamos concluya con las más altas condenas contra estos imputados, quienes participaron en hechos de extrema violencia y que atemorizaron a la comunidad vulnerable de Alto Hospicio”.
Junto a los 19 integrantes de la banda, se formalizó a otros 16 detenidos durante el operativo realizado en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI). Estos últimos fueron formalizados por microtráfico, tráfico de drogas y delitos de la ley de control de armas. Catorce de ellos quedaron también en prisión preventiva, mientras que dos recibieron medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.
