La Comisión de Gobierno del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar un proyecto que modifica la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. La iniciativa busca fortalecer el control migratorio, estableciendo nuevas causales de ingreso y expulsión, ajustes en los permisos de residencia y requisitos más estrictos para la nacionalización.
El proyecto introduce nuevas prohibiciones de ingreso al país para personas con antecedentes de violencia intrafamiliar, delitos relacionados con el crimen organizado o manipulaciones de pruebas en juicios.
Además, amplía las causales de expulsión, permitiendo deportar a extranjeros que hayan sido condenados por crímenes o simples delitos en los últimos diez y cinco años, respectivamente, y a aquellos con procesos judiciales pendientes o en calidad de prófugos.
En cuanto al acceso a derechos sociales, se establece que la situación migratoria irregular no será impedimento para acceder a beneficios del Estado, como salud y educación, aunque será obligatorio el enrolamiento de extranjeros en esta condición.
Entre otros cambios destacados, el período de residencia definitiva para optar a la nacionalidad chilena se incrementará de cinco a diez años. Además, el plazo para apelar órdenes de expulsión se reducirá de diez días corridos a cinco días hábiles.
El presidente de la Comisión de Gobierno, senador Manuel José Ossandón, destacó la necesidad de procedimientos claros para las expulsiones y expresó su preocupación por el impacto social de la migración ilegal.
Por su parte, la senadora Luz Ebensperger enfatizó la importancia de evitar discriminaciones arbitrarias y garantizar acceso a educación para niños migrantes.
Próximos pasos
El proyecto avanzará a la Sala del Senado para su discusión general una vez que se emita el informe correspondiente, marcando un paso clave en el perfeccionamiento de la normativa migratoria en Chile.
