El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó prisión preventiva para los cinco excarabineros de la Prefectura Iquique que fueron detenidos el miércoles por cohecho y hurto, delitos ocurridos entre 2022 y 2023 en diversas comunas de Tarapacá.
La Fiscalía del Tamarugal en conjunto con personal de la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros comenzaron una investigación a finales de 2022 para identificar a funcionarios policiales activos que omitieron sus deberes y no adoptaron los procedimientos policiales correspondientes por la comisión de delitos o infracciones al tránsito.
Según el Ministerio Público, los carabineros solicitaban dinero a diversos transportistas extranjeros que circulaban por las rutas de la provincia del Tamarugal, específicamente en la Ruta 15-CH y la Ruta 5 Norte, con el fin de dejarlos circular sin adoptar los procedimientos policiales correspondientes.
El fiscal jefe del Tamarugal, Hardy Torres, indicó que los uniformados de iniciales J.T.C, J.M.O., F.U.L., E.C.C., y S.C.O. fueron detenidos el miércoles 11 de diciembre por personal de la Dirección Asuntos Internos de la institución. La orden de captura fue emitida el 10 de diciembre.
Los funcionarios son acusados de pedir sobornos a choferes a cambio de no realizar procedimientos policiales, incluso se jactaban de contar con una tarifa de 50 mil pesos para no fiscalizar a los conductores.
Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público presentó prueba documental de varios incidentes, donde los uniformados solicitaron y recibieron cantidades de dinero a cambio de omitir detenciones.
La investigación también incluye pruebas como grabaciones de comunicaciones, seguimiento y testimonios, estableciéndose que la conducta de cobrar dinero a los choferes bolivianos era habitual entre los imputados, principalmente a choferes de buses y de camiones bolivianos cargados con cigarros o vehículos.
Luego de recibir el dinero -que oscilaba entre 20 y 50 mil pesos, ya sea en pesos chilenos, dólares o bolivianos-, los imputados procedían a dividirlo entre los funcionarios que formaban parte de la patrulla.
El persecutor indicó que los hechos mencionados configuran el delito de cohecho en calidad de reiterado para todos los imputados. Además, el carabinero de iniciales F.U.L. también fue formalizado por el delito de hurto en calidad de consumado.
Según el fiscal Torres, el imputado F.U.L. vistiendo su uniforme institucional ingresó a un minimarket de Alto Hospicio, lugar donde solicitó a la dependiente una serie de productos avaluados en $27 mil. Sin embargo, el carabinero se llevó las especies del local sin pagar.
El persecutor solicitó la prisión preventiva de todos los imputados por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y el tribunal acogió la petición decretando las medidas cautelares.
Respecto al periodo de investigación, el fiscal solicitó un plazo de seis meses debido a que aún falta localizar a un imputado, se han encontrado evidencias significativas como dinero y munición en registros recientes, y se han incautado teléfonos celulares que requieren análisis.
Sobre la posibilidad de que los uniformados cumplan las cautelares en los cuarteles de la institución policial, Torres dijo que Carabineros no puede asegurar las condiciones de prisión preventiva en sus dependencias, lo que hace inviable la solicitud de la defensa.
Por último, el tribunal determinó un plazo de 150 días para la investigación, acogiendo la petición del Ministerio Público por las pericias pendientes y debido a que aún falta un excarabinero que debe ser formalizado.
Desvinculan a carabineros de la Prefectura Iquique
A través de un comunicado, Carabineros confirmó la desvinculación de los cinco funcionarios de la Prefectura Iquique que fueron detenidos el miércoles por delitos de cohecho y hurto.
“A raíz de los permanentes controles internos que realiza la institución, se detectó que cinco funcionarios de la Prefectura Iquique habrían realizado acciones constitutivas de delitos, por lo que fueron detenidos y, sin desmedro de los procesos correspondientes, expulsados de las filas de Carabineros”, indicaron.
La institución inició una investigación administrativa para establecer las responsabilidades y puso todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público.
“Carabineros de Chile reitera públicamente su rechazo a cualquier acto que se aparte de las normas legales o los códigos de doctrina y ética institucionales. Sobre la base de sus políticas de transparencia, revisión y control permanente de sus protocolos y procedimientos, seguirá perseverando en la supervisión, con equipos especializados internos, para detectar y prevenir eventuales hechos delictivos”, añadieron en el comunicado.
