El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, afirmó durante el lunes que la orden de aprehensión, el arraigo migratorio y la declaratoria de rebeldía contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, continúan vigentes.
Las medidas fueron dispuestas por un juez de Tarija dentro del proceso que se sigue contra Morales por el presunto delito de trata de personas con agravante. El persecutor alegó que la ejecución de la orden de aprehensión está ahora en manos de la Policía Boliviana.
“Tenemos una imputación formal presentada y una declaratoria de rebeldía que dictó un juez cautelar en Tarija. Conforme al juez de La Paz, todo se mantiene vigente”, explicó Mariaca.
La aclaración surge después de que, la semana pasada, la jueza Lilian Moreno de Santa Cruz emitiese una resolución que suspendía la orden de aprehensión y ordenaba el traslado del caso a Cochabamba. Sin embargo, días después, un juez del Tribunal Departamental de La Paz dejó sin efecto dicha decisión, ratificando la validez de las medidas emitidas originalmente.
En este sentido, Mariaca subrayó que el Ministerio Público debe actuar conforme a la ley y que no le corresponde invalidar resoluciones judiciales, Según el fiscal, la obligación “es dirigir la investigación, pero hay decisiones que son exclusivamente jurisdiccionales”.
Recordemos que en octubre de 2024, la Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión contra Morales por una denuncia en su contra vinculada a una supuesta relación que tuvo con una menor de edad durante su gestión presidencial, con quien habría tenido una hija.
Sobre esto, el fiscal Mariaca aseguró que “la autoridad jurisdiccional de La Paz ha determinado que se mantenga vigente el auto que dictó el juez de Tarija, por lo que están plenamente activas” las medidas previstas en el Código de Procedimiento Penal”. Mientras tanto, el cumplimiento de la aprehensión depende del plan operativo que defina la Policía Boliviana.
Por su parte, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, afirmó que continúan la imputación y orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por el proceso judicial de trata de personas agravada.
Gutiérrez dijo que a esto se suma la declaratoria de rebeldía para Morales y la otra imputada Idelsa Pozo Saavedra, madre de la víctima en este caso.
En consecuencia, persisten las resoluciones jurídicas y no se modificaron luego del dictamen de un juez de anticorrupción de La Paz que suspendió la resolución de anulación que dispuso la juez Lilian Moreno de Santa Cruz.