La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados retomará este lunes 18 de mayo la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, iniciativa que contempla una serie de cambios al sistema ambiental, pesquero y patrimonial del país.
La propuesta, correspondiente al boletín 18216, modifica normas relacionadas con la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la Ley de Monumentos Nacionales.
Durante la primera jornada de debate, realizada la semana pasada, expusieron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, quienes defendieron la necesidad de agilizar permisos y entregar mayor certeza jurídica a la inversión.
Entre las principales medidas incluidas en el proyecto figura la eliminación de la obligación automática de ingresar al SEIA para relocalizaciones de concesiones acuícolas y la exclusión de evaluación ambiental para micro relocalizaciones cartográficas.
Además, la iniciativa propone reemplazar la caducidad de concesiones acuícolas por inactividad mediante un sistema de cobros progresivos por no uso.
En materia energética, el proyecto elimina el umbral de tres megawatts para el ingreso obligatorio de proyectos al SEIA y entrega al reglamento la definición de obligatoriedad según tipo de tecnología e impactos ambientales.
También se contempla simplificar trámites ante el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, incluyendo la creación de “intervenciones menores” que podrían ejecutarse mediante aviso electrónico y sin autorización previa.
El avance del proyecto ha generado cuestionamientos desde sectores de oposición y organizaciones ambientales.
El diputado Jaime Bassa criticó el desarrollo del debate y sostuvo que el Ejecutivo no ha abordado adecuadamente observaciones planteadas por la Corte Suprema en materia de justicia ambiental.
Asimismo, expresó preocupación por mecanismos que podrían favorecer a titulares de proyectos ambientales cuyas resoluciones sean anuladas judicialmente.
Por su parte, el presidente de la comisión, Guillermo Ramírez, defendió la discusión realizada y afirmó que las observaciones de la Corte Suprema deben ser consideradas para perfeccionar la iniciativa, aunque descartó interpretarlas como un rechazo al proyecto.
En la sesión también participaron representantes de organizaciones y académicos especializados.
Desde Fundación Chile Sustentable advirtieron riesgos ambientales, jurídicos y constitucionales asociados a la propuesta.
En tanto, el académico de la Universidad de Chile, Pablo Méndez, sostuvo que algunas medidas podrían aumentar la judicialización y debilitar estándares de protección ambiental.
La comisión buscará avanzar este lunes en la revisión del articulado antes de elaborar el informe que será despachado a la Sala de la Cámara.
