La Contraloría General Regional de Tarapacá recibió una denuncia anónima que originó una investigación para esclarecer una serie de cometidos funcionarios percibidos por el funcionario del gobierno regional de Tarapacá y concejal socialista por la comuna de Pozo Almonte, Mario Callasaya Funes, por viajes realizados al poblado de La Tirana los meses de julio entre el 2013 y 2019, fecha en que se celebra la festividad religiosa de La Tirana.
En este sentido, la denuncia apunta a que Callasaya habría recibido de manera indebida una remuneración del fisco e ingresos por viáticos por las comisiones realizadas a La Tirana.
Por lo que la Contraloría solicitó información al gobierno regional, el cual entregó antecedentes referidos al registro de asistencia del funcionario público, correspondiente al período denunciado. Mientras que la municipalidad de Pozo Almonte consignó un detalle de los decretos de pago relacionados con los viáticos de Callasaya Funes, en igual tiempo.
Según los datos aportados por la municipalidad de Pozo Almonte, la Contraloría no pudo determinar que a Callasaya se le hubiesen pagado viáticos durante el año 2013. Respecto de 2014 no fue posible establecer los días en que se realizaron los cometidos.
Sin embargo, se constató que en 2016 dicho municipio efectuó un pago de viático por 8 días, entre el 19 y 30 de julio, por un viaje de Callasaya al poblado de La Tirana a fin de supervisar el programa de retiro de escombros y actividades propias del concejal. Y en esa misma fecha, presentó licencia médica ante su empleador, el gobierno regional.
La Contraloría señala que de los antecedentes entregados por el gobierno regional, se advierte que Callasaya Funes, para los días de celebración de la fiesta religiosa de La Tirana, esto es, en los meses de julio de los años 2013 al 2019, justificó ausencias a través de cometidos funcionarios, permiso gremial, licencias médicas y feriados legales.
Respecto al permiso gremial, Contraloría sostiene que si bien el gobierno regional, a través de correo electrónico del 7 de abril de 2021 informó que dichas ausencias corresponden a lo establecido en la ley N° 19.926, sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, la legislación vigente expresa que “el tiempo que abarquen los permisos otorgados no será de cargo del empleador, sin perjuicio de lo que acuerden las partes, y se entenderá trabajado para los demás efectos legales, bastando para ello presentar la correspondiente certificación del secretario municipal”. Lo anterior, rige contar del 1 de abril de 2014, fecha de publicación de la ley N°20.742.
De acuerdo con lo indicado por el gobierno regional, no existe un convenio o pacto laboral con el funcionario individualizado. Así entonces, “de acuerdo con la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General, el tiempo dedicado a la función de concejal no puede estimarse como trabajado para efectos del cómputo de la jornada propia del otro empleo, pues no existe ninguna disposición legal que lo permita, de manera tal que, en virtud del principio retributivo que sustenta todo vínculo laboral, las remuneraciones se pagarán por el trabajo efectivamente realizado, por lo que, si no se cumple la totalidad de la respectiva jornada, corresponde descontar el valor del tiempo no desempeñado”.
Ahora bien, del análisis de los reportes de asistencia aportados por el gobierno regional por el período examinado, durante el mes de julio del año 2018, se observó que el funcionario registró ausencias en los días 10 (por permiso gremial, desde las 10:00 horas), 12 (sin permiso) y 18 (sin permiso). Durante dichas ausencias, de acuerdo con los antecedentes entregados por la municipalidad de Pozo Amonte, aquel asistió a una capacitación y realizó fiscalización en el poblado de La Tirana, por su rol de concejal de la comuna.
Luego, para los días 17 y 18 de julio del período 2019, el citado funcionario solicitó al gobierno regional permiso gremial, tiempo en el cual, habría efectuado labores de fiscalización en el poblado de La Tirana como concejal.
Sobre lo anterior, el informe de Contraloría revela que el gobierno regional no efectuó descuentos por las horas no trabajadas, de acuerdo con lo consignado en las liquidaciones de sueldo de Callasaya Funes.
Por lo tanto, Contraloría instruyó que el gobierno regional de Tarapacá determine el tiempo no trabajado por dicho funcionario, en los meses de julio de los años 2018 y 2019, efectuando los descuentos que resulten procedentes en cada caso.
Además, determinó ponderar la pertinencia de ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario con el objeto de indagar la responsabilidad administrativa del citado funcionario en relación con los hechos expuestos en el oficio con fecha 31 de mayo dirigido al gobierno regional, remitiendo los antecedentes que acrediten tales acciones a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la recepción del documento.
