El Juzgado de Garantía de Iquique condenó a Lorena Barrientos Ramírez a la pena de tres años de cárcel por el delito de fraude al fisco en el denominado caso Cajas de Alimentos.
En un procedimiento abreviado realizado el lunes 10 de febrero, el tribunal también le aplicó a Barrientos una multa de $1.413.174 (21 UTM) y la inhabilitación para cargos públicos por siete años.
El abogado querellante Enzo Morales indicó que la sentencia estableció que la condenada, quien durante la pandemia del COVID-19 vendía colaciones en la Intendencia Regional, actuó de “palo blanco” o testaferro de los acusados Juan Carlos Ayala Brito y Ximena Ciudad Varela, dueños de la empresa “Ciudad Eventos”, los que estaban inhabilitados para contratar con el Estado.
Según el jurista, el tribunal determinó que Lorena Barrientos cometió fraude al colaborar con los principales funcionarios públicos responsables de las licitaciones, causando un perjuicio de más de $500 millones a la región durante el gobierno de Sebastián Piñera.
“Estos son Miguel Quezada Torres, el intendente regional de la UDI, y la jefa de planificación Daniela Solari Vega, de Renovación Nacional, quienes están acusados como principales líderes de un fraude que causó un perjuicio de más de 500 millones de pesos a la región de Tarapacá”, agregó.
Cabe recordar que el tribunal fijó para el 25 de marzo una audiencia de preparación de juicio oral para los demás acusados del caso, entre ellos, el exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada; la ex consejera regional, Daniela Solari Vega; y la abogada y jefa de gabinete de la Intendencia, Lilian Plaza Bravo.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” estalló en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
El caso ha tenido dos procesos de formalización, el primero con la lista política que involucró al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; Ximena Ciudad, Juan Ayala, Lorena Barrientos y Luis Cepeda, entre los primeros imputados del caso.
En este primer grupo, el exdiputado y exconvencional por la región de Tarapacá, Hugo Gutiérrez (PC), interpuso una ampliación de querella imputando a más personas en el caso.
Con dicha ampliación que interpuso Gutiérrez se incorporaron funcionarios involucrados en la segunda entrega de cajas, proceso que fue financiado por el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá.
En tanto, en un segundo grupo fueron acusadas seis nuevas personas durante noviembre del 2023. Se trata de la exjefa de División Social y Humano de la Intendencia y actual funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, María Lemus Espinoza; los imputados Gabriel Díaz Duran, Marcelo Valenzuela Contreras, Gunther Ziller Arjona; la actual consejera regional Daniela Solari y su familiar directo Rodrigo Vega Laferte, quienes fueron formalizados por los delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado.
