Desde el Cementerio de Pisagua, en la Región de Tarapacá, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, encabezó este lunes una visita inspectiva junto a agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos para supervisar las diligencias del Plan Nacional de Búsqueda, impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
El secretario de Estado recorrió el lugar donde en 1990 fueron exhumados los restos de 19 personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.
A un costado de esa histórica fosa común, se llevan a cabo desde la semana pasada nuevas excavaciones forenses en busca de antecedentes que permitan esclarecer el destino de más víctimas y aportar a procesos judiciales en curso.
“Estamos en el marco de las diligencias que se están desarrollando acá en esta zona desde la semana pasada y que continúan esta semana por el Plan Nacional de Búsqueda, con el objetivo de poder determinar la verdad de lo que ocurrió y ojalá poder encontrar a los detenidos desaparecidos”, explicó el ministro Gajardo en conversación con Radio Paulina.
“El Estado asume su responsabilidad histórica”
Durante su intervención, el ministro recordó que el Plan Nacional de Búsqueda fue instaurado formalmente por el Presidente Boric en agosto de 2023, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. La política pública busca establecer el paradero de más de mil personas que fueron detenidas y hechas desaparecer durante la dictadura cívico-militar.
“Lo que hace el Plan Nacional de Búsqueda es que ahora es el Estado el que se hace cargo de la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Esa es la gran diferencia”, señaló Gajardo. “En el año 90, este proceso lo hicieron los familiares solos. Hoy el Estado cumple con su función y obligación: hacer todo lo posible por determinar qué fue lo que les ocurrió y entregar esa información a la justicia y a los familiares”.
Asimismo, destacó los avances institucionales logrados, como la habilitación del sitio oficial plannacionaldebusqueda.cl, que permite acceder a una base pública con la nómina de detenidos desaparecidos, sus trayectorias y los antecedentes disponibles.
“Nunca había existido una página oficial del Estado con esta información. La desaparición forzada genera huellas y heridas permanentes. Por eso, este plan es una política del presente y del futuro”, enfatizó.
Justicia como tarea pendiente
Gajardo subrayó que los crímenes de la dictadura están entre los más graves cometidos en la historia del país, y lamentó que, pese al tiempo transcurrido, aún persistan la impunidad y las dificultades para lograr justicia.
“Tenemos que tomar conciencia de que esos crímenes nunca más pueden volver a ocurrir. Ha costado mucho romper la impunidad. La justicia no es algo del pasado, es una demanda del presente”, afirmó.
La zona de Pisagua ha sido históricamente relevante en esta materia. En abril de 2025, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso, encabezó diligencias en la localidad para esclarecer el paradero de al menos 13 detenidos desaparecidos.
Pisagua fue uno de los principales centros de detención, tortura y ejecución entre 1973 y 1990, según lo documentado en el Informe Valech. Actualmente, hay investigaciones en curso en cuatro sitios vinculados a crímenes cometidos en la dictadura: el ex Patio de Autos Municipal de Iquique, la ex Tenencia de Aduanas, el camping y el teatro de Pisagua. Las causas incluyen querellas por inhumaciones y exhumaciones ilegales.
