La Corte Suprema revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique que había acogido un recurso de protección presentado por un funcionario público a contrata, validando finalmente la decisión administrativa que puso término anticipado a su vínculo laboral.
La acción judicial había sido interpuesta contra una resolución administrativa que determinó la desvinculación del trabajador al estimar que sus servicios habían dejado de ser necesarios para el organismo público donde se desempeñaba.
El recurrente sostuvo que la medida era ilegal y arbitraria, argumentando que no se había instruido previamente un procedimiento disciplinario y que gozaba de estabilidad laboral derivada del principio de confianza legítima.
Además, alegó que la autoridad habría presumido su responsabilidad respecto de hechos que aún eran materia de investigación penal, vulnerando principios como la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.
Al revisar el caso, la Corte Suprema recordó que los funcionarios a contrata tienen un carácter esencialmente transitorio, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo.
El máximo tribunal señaló que si bien la denominada confianza legítima puede generar expectativas de renovación en determinados casos, ello no impide que la autoridad pueda poner término a una contrata mediante un acto administrativo debidamente fundado.
La sentencia precisó que toda decisión de la Administración debe expresar claramente los hechos y fundamentos jurídicos que la sustentan, cumpliendo con las exigencias establecidas en la Ley N°19.880 y en la Constitución.
Al analizar la resolución impugnada, la Corte constató que la autoridad justificó el término anticipado de la contrata en antecedentes objetivos relacionados con una investigación penal seguida contra el funcionario.
Según se expuso en el acto administrativo, el trabajador era investigado por delitos de contrabando y fraude al Fisco, encontrándose formalizado por el Ministerio Público y sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.
La resolución también señalaba que estos antecedentes motivaron la apertura de un sumario administrativo y una investigación interna, concluyendo que la permanencia del funcionario afectaba gravemente la confianza pública y la imagen institucional del servicio.
La Corte Suprema verificó además que efectivamente existía una causa penal vigente en el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte y que el funcionario se encontraba privado de libertad por decisión judicial.
Recurso rechazado
En su fallo, el máximo tribunal concluyó que la decisión administrativa se encontraba suficientemente fundada, basada en hechos objetivos y verificables, descartando la existencia de ilegalidad o arbitrariedad.
Por ello, revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique y rechazó el recurso de protección interpuesto por el funcionario, validando así la resolución que puso término anticipado a su contrata.