El Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió su querella y solicitó el acceso a las cuentas bancarias de todos los involucrados en el caso Cajas de Alimentos, incluidas las empresas y los familiares cercanos. Además, el organismo notificó su decisión de demandar civilmente a los involucrados.
La acción judicial apunta a los reformalizados en este caso como el exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); la exjefa de gabinete de la Intendencia, Lilian Plaza; y el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz.
También, al segundo grupo de formalizados, donde destaca la actual consejera regional (CORE), Daniela Solari (RN); su primo Rodrigo Vega; la funcionaria María Luisa Lemus y los empresarios, Gunther Ziller Arjona, Marcelo Valenzuela y Gabriel Díaz, todos imputados por el Ministerio Público como autores del delito de Fraude al Fisco.
El organismo pidió al Ministerio Público que realice una serie de diligencias como citar a declarar a la Fiscalía local de Iquique, en calidad de imputados, a todos los querellados, y en calidad de testigos “a los representantes de los demás proveedores que remitieron cotizaciones a la Intendencia Regional de Tarapacá para participar en el proyecto Alimentos para Chile”.
Asimismo, que se ordene al Laboratorio de Criminalística (LACRIM) de la Policía de Investigaciones (PDI) “realizar una pericia contable, a fin de determinar el detalle de los perjuicios sufridos por el Estado de Chile como consecuencia de los hechos referidos en lo principal, que considere para efectos de su análisis y conclusiones, toda la información entregada por testigos claves e imputados, tales como informes de auditorías, y otros procesos de trato directo referidos en el curso de la investigación”.
Adicionalmente, el CDE pidió que se disponga “el acceso de todas las cuentas bancarias y de instituciones financieras (cuentas corriente, de crédito, en moneda nacional y extranjera, depósitos, fondos de inversión, bonos y demás productos financieros) de todos los querellados de autos, red familiar vinculada a investigación”, y de las empresas involucradas.
Otra diligencia solicitada por el Consejo de Defensa del Estado es realizar un “levantamiento de información sobre la situación patrimonial” de los querellados, y sus familiares cercanos a estos relacionados con la investigación, con el objeto de “preparar el ejercicio de las acciones civiles que pudieren corresponder, como consecuencia de los hechos investigados y el eventual perjuicio al patrimonio fiscal que se hubiere ocasionado”.
El organismo pidió al Ministerio Público que se decrete una orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, para que realice “todas las diligencias pertinentes a efecto de acreditar el hecho punible y participación culpable de los querellados”.
El abogado querellante, Enzo Mórales, indicó que la ampliación de querella presentada por el CDE en representación del Fisco de Chile “viene en ratificar los antecedentes que hace un año presentamos en una ampliación de querella como querellantes particulares y que da cuenta, ratifica y confirma un perjuicio fiscal de más de 500 millones de pesos a la región de Tarapacá causado por los representantes del Gobierno de (Sebastián) Piñera en plena pandemia de hambre, desempleo y muerte, lo que fue el COVID“.
“Por tanto, hoy que también se prepare la vía civil y que el Estado de Chile pretenda recuperar los más de 500 millones de pesos que fueron defraudados concertadamente entre funcionarios públicos y empresarios particulares, da cuenta de que está ratificado el perjuicio fiscal por la Contraloría, por la PDI y por decenas de informes y pericias que están en la carpeta”, destacó el jurista.
Mórales valoró que, un año después, el Consejo de Defensa del Estado “haya por fin ampliado la querella a los 15 imputados formalizados, recordando que fui el único querellante que pedí la prisión preventiva de todos los imputados y espero que el Consejo de Defensa del Estado, de una vez por todas, recupere los más de $500 millones defraudados por funcionarios públicos y particulares durante la pandemia, en el caso Cajas de Alimento, región de Tarapacá”.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” estalló en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
En este contexto, en octubre de 2022, el exdiputado y exconvencional, Hugo Gutiérrez, interpuso una ampliación de la querella inicial en el Juzgado de Garantía de Iquique, imputando a más personas por los delitos de negociación incompatible, sobornos entre particulares, fraude a organismos del Estado, lavado de activos, omisión de denuncias y asociación ilícita.