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Diputado Moraga por víctimas de lesiones en movilizaciones: “Sabemos que los procesos para determinar la responsabilidad civil del Estado pueden durar años”

Votó a favor, en su primer trámite constitucional, del proyecto que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en contexto de movilizaciones sociales.

Durante este martes 15 de junio, la Cámara de Diputados y Diputadas sometió a primer trámite constitucional el proyecto de ley que “establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de movilizaciones sociales”.

El proyecto fue aprobado por 76 votos a favor, 48 en contra y 16 abstenciones. Entre los votos favorables estuvo el del diputado por el distrito 2 Rubén Moraga, quien demostró su respaldo precisando que “sabemos que los procesos civiles para determinar la responsabilidad civil del Estado pueden durar años y en algunos casos más de una década, por lo cual este proyecto viene a corregir aquello y además viene a situar al poder legislativo en un rol activo en dar una señal a los chilenos y chilenas de que estamos por el nunca más”.

El diputado Moraga enfatizó que “no podemos permitir que las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado vuelvan a quedar en un manto de silencio y desprotección al ciudadano que se empodera y hace suya la política y la expresa en el único lugar que le es posible, la ciudad. Nadie por salir a manifestarse en la ciudad como ciudadano puede volver a su hogar mutilado, vejado, abusado, golpeado o en un cajón, y peor aún, que eso quede sin justicia ni reparación”.

Moraga ha visitado en reiteradas oportunidades a los jóvenes presos del estallido social del 2019 en Tarapacá, los cuales se encuentran en la cárcel de Alto Hospicio. Al respecto el parlamentario comenta que “miles de testimonios y querellas, decenas de informes nacionales e internacionales, han determinado que en Chile el Estado cometió graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019. En tanto, miles de causas duermen en el Ministerio Público y las sanciones, aún inexistentes, no dan luz de llegar prontamente. Nadie puede quedar ciego o fracturado por una movilización o manifestación política. Por eso aprobaremos este proyecto”.

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