El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a las investigaciones que el Ministerio Público está realizando por los traspasos de recursos públicos a fundaciones u organizaciones privadas sin fines de lucro en el marco del Caso Convenios.
En ese sentido, sostuvo que “cada uno de los casos en donde los fiscales han iniciado investigaciones de oficio, lo han hecho porque existen hechos con caracteres de delito“.
Consultado respecto a si existen indicios de una defraudación al Estado con un mismo “modus operandi”, apuntó que “hay algunos aspectos que son comunes a todas ellas que llaman la atención, pero las diligencias que realizan los fiscales y las policías van a poder establecer si detrás de ellas hay delitos”, mas “no cabe duda que todas ellas tienen apariencia de ilegalidad”.
Valencia resaltó “algunos denominadores comunes que son llamativos, por ejemplo, que se traten muchas de ellas de fundaciones que fueron constituidas hace muy poco tiempo, muy cercana a la celebración de los contratos”.
A su vez, el fiscal nacional hizo hincapié en que, por lo general, este tipo de causas son de largo aliento: “Esto no es un asalto a una bencinera, tampoco a un banco. Lo que la comunidad ha podido advertir en casos de corrupción o investigación por fraude al fisco, es que una vez que se inicia la investigación no se formulan cargos inmediatos con los presuntos autores (…) Generalmente, investigaciones como esta duran más de un año”.
Frente a la eventual promulgación del proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, el jefe del Ministerio Público adelantó que los persecutores se preparan para su óptima aplicación.
La autoridad dijo haber mencionado a los funcionarios que en el marco de esa nueva norma “es muy probable que aumenten las penas”, de manera que es lo ideal que “nuestras instrucciones generales sobre procedimientos abreviados y salidas alternativas sean acorde con la valoración que contiene esta ley”.
