La justicia en Argentina reabrió durante el martes el caso de investigación contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por corrupción de menores luego de haber sido archivada la denuncia a finales del 2024.
El abogado de la Fundación Apolo, José Lucas Magioncalda, confirmó que después de apelar, la Sala Primera de la Cámara Criminal y Correccional Federal dispuso la continuidad del caso que involucra al exmandatario boliviano.
Magioncalda declaró desde Buenos Aires que “la Cámara ordenó que el archivo era prematuro y que había que avanzar en la investigación”. Además, les concedió la posibilidad de ser querellantes, de tal manera que ahora puedan ofrecer pruebas y controlar todo el proceso.
El jurista indicó que antes solo estaban como denunciantes y el único que podía impulsar el fiscal, por lo que la Fundación Apolo está en una mejor posición, para seguir en este caso de investigación contra Morales.
Respecto a las pruebas que tienen para presentar ante la justicia argentina, Magioncalda mencionó la declaración de Ángelica Ponce, líder de las mujeres interculturales, que ya se tramita ante la justicia de Bolivia y la solicitud como testigos a funcionarios que visitaron durante su asilo.
También se busca incluir al expresidente de Argentina, Alberto Fernández, y a los policías que estaban a cargo de la custodia de Evo Morales.
“Apuntamos a que declaren el propio Fernández y funcionarios de su gobierno como testigos. Hay un tema que en ese gobierno no quiso comunicar cuando tuvimos noticias de esta situación mientras Evo Morales estaba asilado”, afirmó.
Según el jurista, la Fundación Apolo tenía un dato sobre lo que estaba pasando y el gobierno de Fernández no proporcionó la información al respecto ni quién pagaba la lujosa casa en la que vivía el exmandatario boliviano en un barrio residencial de la capital federal de Argentina.
Recordemos que en Argentina hay dos denuncias en contra de Evo Morales, una era del Ministerio de Seguridad que fue archivada en definitiva y la otra es de la Fundación Apolo que también se lo había guardado, pero por la apelación que hizo su equipo jurídico se volvió a reabrir.
El expresidente tiene imputación por trata de personas de la Fiscalía de Tarija derivada a un juzgado del Tribunal Departamental de Justicia que ordenó su aprehensión y la Policía Nacional hasta ahora no dio cumplimiento por temor a enfrentamientos con seguidores del exmandatario que lo custodian en la localidad boliviana Lauca Ñ, epicentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) y bastión político de Morales en el Trópico de Cochabamba.
