El pasado 15 de mayo, la Corte de Apelaciones de Iquique confirmó la sentencia del 2° Juzgado de Letras de Iquique en contra del gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, por una deuda de $19.270.000 a un diseñador gráfico que realizó una serie de labores para la autoridad durante su campaña electoral de 2021.
Según se detalla en la demanda, el dinero corresponde a servicios de producción audiovisual y diseño gráfico prestados durante su campaña electoral, facturas que Carvajal jamás pagó a su acreedor, Ernesto Andrés Valenzuela Pérez, pero que sí declaró ante el Servicio Electoral (Servel) y por las cuales supuestamente habría recibido el reembolso estatal.
En conversación con Radio Paulina, el abogado Pablo Fabbri Alvarado indicó que la demanda fue presentada tras una investigación exhaustiva, donde se comprobó que su representado, Ernesto Valenzuela, prestó servicios durante la campaña electoral de Carvajal, pero no recibió el pago correspondiente.
Según el jurista, el tribunal reconoció que los servicios se prestaron y rechazó la defensa de la contraparte, que alegaba un pago en efectivo, argumento considerado poco creíble dada la suma involucrada de casi $20 millones.
“No es una denuncia, nosotros presentamos una demanda con mi equipo, hicimos una investigación bastante exhaustiva, solicitamos los oficios respectivos y pudimos determinar que, efectivamente, el señor Valenzuela prestó los servicios en el año 2021 durante la campaña electoral del candidato, hoy, gobernador regional. Pero, en definitiva, estas facturas no se pagaron”, agregó.
El defensor confirmó que está evaluando la presentación de querellas criminales contra los involucrados en el caso, como los testigos, ya que sus declaraciones “son evidentemente contradictorias” y por considerar que “faltaron a la verdad ante el tribunal”.
Al ser consultado si se configuraría un posible delito de apropiación indebida contra el gobernador y su equipo, el abogado dijo que podrían “evaluar esa arista”, considerando una situación grave relacionada con la rendición de gastos electorales, ya que se presentaron facturas para recibir reembolsos, pero luego no se pagó a quienes realmente prestaron los servicios, lo que indicaría que los gastos no eran efectivos al momento de la rendición.
“Ahí se abre, digamos, un punto bien importante, en donde el Servel, que es en en este caso quien tiene sartén con el mango, digamos, como para interponer las acciones que correspondan”, añadió.
Sobre los siguientes pasos de este caso, el abogado dijo que el demandante podría presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema para anular o invalidar la sentencia, aunque estimó que esto no prosperará ante el máximo tribunal.
Para Fabbri una acción de este tipo no sería procedente, ya que la defensa de Carvajal no señaló ninguna norma infringida ni en su contestación ni en su apelación, además de haber contestado fuera de plazo, por ello sería “muy difícil que prospere alguna pretensión ante la Corte Suprema”.
Respecto a la deuda exigida por el demandante, el abogado confirmó que el monto asciende a cerca de $35 millones, considerando los años que han transcurrido desde que ocurrieron los hechos, además de los reajustes e intereses.
Tras solicitarse el cumplimiento de la sentencia, el gobernador de Tarapacá tendrá un plazo de 3 días para pagar o presentar defensas; si no cumple, el abogado confirmó que tomarán medidas para que se cumpla la cancelación de los montos adeudados.
“Lleva muchos años pidiéndole al gobernador que le pague lo que le corresponde”
El jurista agregó que su representado siente un gran alivio por haber logrado que se reconozca su deuda, ya que llevaba años reclamando el pago correspondiente por su trabajo sin recibir respuesta por parte de la autoridad regional.
Aunque aún no se ha definido la modalidad de pago, consideran que el demandado debería abonar la suma en una sola cuota. Asimismo, el afectado expresó que lo más importante es el reconocimiento y cierre de una situación que le generaba mucha carga emocional, más allá del aspecto económico.
Gobernador reconoce fallo como “una lección”
Por su parte, el gobernador José Miguel Carvajal abordó en un breve comunicado la situación relacionada con su campaña electoral de 2021 y el reciente fallo del tribunal de alzada, afirmando su confianza en el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Sin embargo, reconoció que el tribunal determinó la falta de suficiente acreditación de antecedentes en este caso y dijo que lo sucedido es “una lección que me corresponde asumir con responsabilidad de cara a los próximos desafíos”.
“El tribunal ha considerado que no existió suficiente acreditación de antecedentes, y esa es una lección que me corresponde asumir con responsabilidad de cara a los próximos desafíos. Quienes hemos estado en política y en campañas sabemos que muchas veces se confía en terceros para procesos administrativos y de respaldo documental, y probablemente el aprendizaje más importante que me deja esta situación es entender en quiénes puedo confiar y en quiénes no”, añadió.
“He actuado siempre con transparencia y con la tranquilidad de haber cumplido mis compromisos. Mi energía y mi foco seguirán estando en trabajar por Tarapacá y su gente”, acotó.
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