El contralor de la República, Jorge Bermúdez, realizó una nueva presentación ante la Comisión Especial Investigadora por el Programa de Asentamientos Precarios en la Cámara de Diputados sobre las auditorías realizadas por los convenios con trato directo entre el Estado y fundaciones e instituciones sin fines de lucro.
En la oportunidad, el contralor detalló que se auditaron 15 de 16 seremis en las que se detectaron 16 observaciones. A juicio de Bermúdez, la principal falla del sistema de convenios vía trato directo, es la “falta de procedimiento formal para selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del Programa Asentamientos Precarios”.
Además, Bermúdez detalló que de existir dicho protocolo, se evitarían la mayoría de las otras observaciones. Es más, dicha observación se detectó en todas las seremis investigadas. Otras de las faltas que se detectó a lo largo de todo el país es que se realizan asignaciones directas de iniciativas de inversión “a entidades ejecutoras sin fundamentación”.
Asimismo, el contralor explicó que se detectó la “falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, que fundamentan el monto de la transferencia”.
En tanto, el contralor confirmó que solo en Antofagasta y O’Higgins se confirmó que hubo “personas contratadas por fundaciones que se desempeñan en dependencias del Serviu o de la Seremi del Minvu respectiva”.
También, en las regiones Metropolitana, Arica-Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Los Lagos, se detectó “falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios”.
Cabe destacar que la Contraloría informó que 19 fundaciones han sido objeto de investigación, y en relación a contratos sostenidos entre 2021 y 2023 con el Estado. No obstante, y a pesar de todos los antecedentes recopilados, Jorge Bermúdez aseguró que no se puede hablar de un “modus operandis”, y que dicha categoría debe ser establecida por otras entidades.