El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique condenó al funcionario de la DGAC, A.F.H.A., a 5 años de cárcel y la inhabilidad perpetua para conducir por el delito de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes causando lesiones graves gravísimas al funcionario de Carabineros, Álvaro Moreno, quien efectuaba controles en la Ruta A-1 en marzo de 2022.
El tribunal también acogió la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por la cónyuge de la víctima condenando al acusado a pagarle al afectado $300 millones por concepto de daño moral y $36 millones por concepto de daño emergente, sumando $336 millones.
Los jueces dieron por acreditado que el día de los hechos, cerca de las 12:00 horas, en la Ruta A-1 de la comuna de Iquique, el acusado manejaba la motocicleta de su propiedad, marca Kawasaki, bajo los efectos del consumo de marihuana y sin haber obtenido licencia de conducir clase C, cuando al llegar a la altura del kilómetro 392, atropelló al funcionario de Carabineros, quien se encontraba en la mencionada carretera realizando controles vehiculares selectivos junto a una compañera de funciones, vistiendo ambos el uniforme institucional y chaleco reflectante.
Previamente, el carabinero había instruido, mediante señales con sus manos, la detención de la motocicleta y del vehículo que le antecedía, respecto del cual el acusado no mantenía una distancia razonable ni prudente, por lo que al disminuir el otro conductor la velocidad, éste realizó una maniobra de sobrepaso, acelerando su vehículo, percatándose en ese instante de la presencia de la víctima y, si bien accionó el sistema de frenos e inició un proceso de desaceleración, no pudo detener la máquina e impactó a gran velocidad a la víctima, arrojándola a más de seis metros en dirección a la barrera de contención.
A raíz del atropello, la víctima resultó con traumatismo encéfalo craneano complicado, poli contusiones y fractura expuesta de la tibia derecha con compromiso articular de ambas rodillas; lesiones que pudieron resultar mortales de no mediar atención médica oportuna y que dejaron como consecuencia en la víctima la pérdida en el nivel cognitivo y en su capacidad visual, además de otras lesiones que requieren de terapias y tratamiento farmacológico permanente, todo lo cual la imposibilita para volver a desempeñarse laboralmente.
En el juicio que se extendió por una semana, el fiscal a cargo del caso Julio Sánchez, junto a los abogados querellantes de la cónyuge de la víctima y de Delegación Presidencial de Tarapacá, presentaron los testimonios de la propia víctima, del conductor que iba en el vehículo que antecedía al acusado y frenó para someterse al control, de otros testigos, de los carabineros que realizaron las diligencias investigativas, del perito de la SIAT y del médico del Servicio Médico Legal que confirmó las lesiones que sufrió la víctima, que lo dejaron con una discapacidad de un 92,5%.
Debido a que el fiscal estaba solicitando se condenara al acusado por el delito de maltrato de obra a funcionario de Carabineros, que conlleva una pena mucho mayor, la Fiscalía informó que se analizará este fallo con el objeto de evaluar la eventual interposición de recursos.
