La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros.
La norma que, ahora continuará su trámite en el Senado, plantea un mecanismo de subsidio de cargo fiscal destinado a compensar las diferencias que pudieren darse entre ingresos y costos de operación de los servicios de transporte público remunerado de pasajeros.
Por una parte, considera un componente permanente del subsidio al transporte público y aumenta de $380.000 millones a $492.000 millones el límite del gasto total anual por aplicación del mecanismo de subsidio, para la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.
El texto especifica que el mismo monto será destinado para la región Metropolitana, excluidas la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, así como las demás regiones del país.
Por otro lado, autoriza hasta el año 2032 la disposición de un aporte especial para el transporte y conectividad regional. Este será de hasta $423.000 millones anuales. Dicho monto se aplicará por igual a los dos grupos recién mencionados.
Programa de Apoyo al Transporte Regional
La iniciativa dispone que, dentro del Programa de Apoyo al Transporte Regional y según las necesidades del territorio, los gobiernos regionales deberán realizar una priorización de proyectos nuevos. Esto, respecto de los subsidios destinados al transporte público remunerado en zonas aisladas, al transporte escolar y el orientado a la promoción y fortalecimiento del transporte público en las zonas rurales del país.
Por otro lado, amplía el objeto del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional. Este podrá ser destinado al financiamiento de iniciativas de transporte público mayor regional, colectivo menor y de ciclos, conectividad terrestre, marítima, lacustre, aérea y fluvial.
En tanto, establece que un 50% de la asignación con cargo al Fondo deberá destinarse al financiamiento de proyectos destinados a la ejecución de programas especiales mediante el cual los gobiernos regionales convoquen a procesos de renovación de buses, minibuses, trolebuses y taxibuses o bien, en inversión de infraestructura para el transporte público y su modernización.
