A través de una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, promulgó la ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y que somete al control estatal a las organizaciones no gubernamentales (ONG).
La norma ha sido duramente cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil, ya que establece como infracciones graves que las ONG financien actividades que supuestamente atenten contra el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno.
La mandataria peruana indicó que “esta ley velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y pondrá bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema”.
Boluarte también indicó que “a partir de ahora, las entidades que reciban recursos de la cooperación internacional deberán inscribir sus planes, proyectos, programas y actividades, así como la ejecución de sus gastos, en un registro público e informativo gestionado por la agencia”.
“No se trata de control, sino de claridad; no es fiscalización arbitraria, sino de rendición de cuentas”, agregó.
No obstante, para muchos esta norma representaría un intento de silenciar a las organizaciones que han sido críticas con el Gobierno y que denuncian violaciones de derechos humanos. El hecho de que se imponga un control tan rígido sobre su financiamiento y sus actividades podría plantear serias amenazas a la autonomía de estas entidades, manifestaron algunos expertos.
En este sentido, distintos exdirectores ejecutivos de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional se pronunciaron sobre la ley y la calificaron como inconstitucional y carente de rigor técnico.
Asimismo, los exdirectores de la agencia advirtieron con anterioridad que la norma podría terminar restringiendo actividades clave, como las informativas, en contextos electorales. Cuestionaron además que la ley se aprobara sin consulta a especialistas y alertaron de una la sobrecarga burocrática impuesta a la agencia. También señalaron que esta medida podría dañar la reputación del Perú ante la comunidad internacional.
