Este martes la Comisión de Constitución del Senado aprobó en particular el proyecto que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Esta nueva unidad permitirá enfrentar de manera integrada el crimen organizado y los delitos de alta complejidad.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que el proyecto es una propuesta antigua del Ministerio Público que está avanzando en su tramitación legislativa y se espera que sea una herramienta útil y necesaria para combatir crímenes organizados y delitos de alta complejidad, alineándose con prácticas comunes en estados democráticos.
“Es una herramienta, va a ser muy útil, necesaria, que además no estamos básicamente innovando y creando una herramienta de la cual no existe presente en el mundo entero, sino que es una herramienta bastante frecuente en estados democráticos, y que es básicamente una fiscalía especializada, con competencia a nivel nacional, para combatir crímenes organizados y delitos de alta complejidad, como por ejemplo, figuras emergentes en materia informática”, agregó.
La iniciativa continúa su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta y el fiscal Valencia espera que durante el segundo semestre del presente año se pueda contar con la Fiscalía Supraterritorial en todo el país.
Fiscalía Supraterritorial
El proyecto establece que la Fiscalía Supraterritorial es una unidad especializada en combatir el crimen organizado y delitos de alta complejidad que requieran una dirección supraterritorial o transnacional de investigación.
Para ello, tendrá a su cargo las investigaciones penales de hechos que se hayan iniciado directamente por ella o por alguna fiscalía regional y las contiendas de competencia las resolverá el Fiscal Nacional.
La nueva unidad especializada contará con fiscales adjuntos, profesionales y personal de apoyo, así como los medios materiales necesarios para sus operaciones.
Asimismo, el proyecto crea el Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la persecución penal, a través de la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad.
