La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados dio luz verde a la idea de legislar un proyecto que busca aumentar las penas por robos cometidos en zonas rurales o en inmuebles no destinados a la habitación, con cinco votos a favor y uno en contra.
El diputado Diego Schalper, autor de la iniciativa, argumentó que el objetivo es enfrentar el creciente fenómeno delictual en áreas rurales, donde robos en oficinas, bodegas o fundos a menudo son catalogados como hurto, lo que conlleva sanciones menos severas.
La propuesta busca modificar el artículo 442 del Código Penal, estableciendo una pena única de presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años) y agregando como agravante el ingreso sin autorización a propiedades rurales.
Sin embargo, el Ejecutivo, a través del subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, expresó su preocupación por los posibles efectos no deseados de modificar un artículo general del Código Penal, sugiriendo considerar el uso de agravantes específicas, como las ya discutidas en la Comisión de Agricultura.
En la misma línea, la defensora nacional, Verónica Encina, rechazó el proyecto, argumentando que las estadísticas no respaldan un aumento generalizado de este tipo de delitos desde 2015 y que subir las penas no necesariamente mejora la persecución penal sin cambios operativos.
Por su parte, la Fiscalía, representada por la subdirectora de la Unidad contra el Crimen Organizado, Tania Gajardo, alertó sobre un aumento sostenido de robos en lugares no habitados en comunas rurales, especialmente de maquinaria agrícola y bienes de alto valor. Propuso ampliar el objeto material del artículo 443 para incluir estos bienes y definir claramente el concepto de “zona rural”.
El académico Guillermo Oliver también cuestionó la modificación del artículo 442, sugiriendo trasladar la discusión al artículo 443 o al artículo 456 bis para mantener la coherencia del sistema penal.
Tras el debate, la comisión aprobó la idea de legislar, con el voto en contra de la diputada Clara Sagardia, quien expresó dudas sobre la redacción del proyecto. Se fijó como plazo para presentar indicaciones el viernes 23 de mayo, y se acordó abordar en las próximas sesiones las observaciones técnicas para definir la mejor manera de fortalecer la persecución penal en sectores rurales.
