El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique decidió suspender el inicio del juicio oral contra los ocho imputados en el Caso Cajas de Alimentos, luego que el Defensor Local Jefe de Iquique, Marcelo Lara, pidiera la postergación de la audiencia hasta el lunes 9 de junio.
El juicio de este emblemático caso dado a conocer por Radio Paulina, que involucra a ex autoridades locales, empresarios y particulares por cometer presuntamente delitos de fraude al fisco y organismos del Estado, estaba fijado para comenzar a contar de las 8:30 horas de este martes.
Sin embargo, el defensor de la imputada y exjefa de Gabinete de la Intendencia, Lilian Plaza Bravo, solicitó suspender la audiencia porque la instancia coincidía con el juicio contra el Tren de Aragua que se encuentra en desarrollo.
El tribunal acogió la petición del abogado sin oposición del Ministerio Público, los querellantes y las defensas de los imputados en este caso. Además, el juicio quedó reprogramado para el próximo lunes 9 de junio a contar de las 8:30 horas.
El abogado querellante particular, Enzo Morales, indicó que “es importante que el juicio comience para que sea un tribunal quien condene a los responsables de este millonario fraude cometido contra la región de Tarapacá”.
El jurista enfatizó que “es necesario el inicio del juicio oral para que sea el tribunal oral en lo penal después de la rendición de las pruebas que están programadas para dos meses, es decir, hasta el 31 de julio, pueda decidir en un veredicto de absolución o condena la responsabilidad por un fraude de más de $500 millones que se causó a la región”.
CASO CAJAS DE ALIMENTOS
Este emblemático caso estalló en junio de 2020, luego que un reportaje de Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos y una chef consiguieron una millonaria licitación. La investigación reveló que la Intendencia de Tarapacá otorgó contratos con montos pagados superiores al promedio nacional, generando un perjuicio al fisco por más de $500 millones.
Entre los ocho acusados se encuentran el exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; y la exconsejera regional, Daniela Solari (Ex RN); a quienes la Fiscalía solicita 10 años de presidio y 7 años de inhabilitación para cargos públicos.
También se encuentran imputados el director de finanzas, Jhonny Muñoz Cancino, y los empresarios gastronómicos Gabriel Diaz Duran, Rodrigo Vega Laferte, Ximena Ciudad Varela y Juan Ayala Brito.
En el juicio oral, el Ministerio Público presentará diversos medios probatorios, entre ellos, 692 documentos y 85 evidencias materiales como correos, órdenes de compras, oficios y resoluciones de la Intendencia Regional de Tarapacá; además de 4 pericias y 69 testigos.
La Fiscalía Regional de Tarapacá podrá rendir sus medios probatorios y evidencias reunidas en estos más de cuatro años de investigación para acreditar la participación de los ocho imputados.
Además, el juicio oral podría extenderse por tres meses debido a la gran cantidad de medios de prueba y testigos que presentará el Ministerio Público y los abogados defensores.
