El miércoles, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra cuatro funcionarios del Ejército, así como contra quienes resulten responsables, por su participación como autores de los delitos de apremios ilegítimos y de falsificación de instrumento público, sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan acreditar durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, en el denominado “caso Conscriptos de Putre”, donde falleció el joven Franco Vargas.
La querella del CDE, interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Arica, se dirige nominativamente contra los oficiales Bjorrn Wonllk, Michael Fritz, Claudio Guajardo, a quien además se le imputa el delito de falsificación de instrumento público, y el suboficial, Manuel Zambrano, por haber cometido una serie de acciones vejatorias, tanto por vía de acción como de omisión, contra los soldados de la Brigada N°24 Huamachuco durante la realización de su instrucción para cumplir el Servicio Militar, sufriendo la vulneración de sus derechos.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en la investigación, los conscriptos fueron trasladados desde Arica hasta el regimiento donde tiene su sede la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco, ubicado a un costado de la ciudad de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota, a una altitud de 3.500 metros sobre el nivel del mar.
Durante el trayecto, a esta y otras dependencias, durante la instrucción militar, fueron sometidos a una serie de apremios ilegítimos consistentes en castigos y malos tratos, como recorrer caminos en punta y codo, o haber sido expuestos previamente a condiciones insalubres, insanas y altamente nocivas para la salud, provocando en algunos de ellos síntomas de desmayos, crisis de pánico y consecuencias físicas y psicológicas, produciéndose en dicho contexto y como resultado más grave la muerte para uno de los soldados.
Los imputados, según consta en la querella, no solo incumplieron con los reglamentos, órdenes y responsabilidades en relación de la función de su cargo, poniendo con ello en riesgo la vida de los conscriptos al verificar variadas acciones de apremios, sino que, además, procedieron a instruir al batallón a iniciar la marcha del día 27 de abril de 2024 sin la presencia del personal médico.
A todo ello se agrega que falsearon informes, confeccionando nuevas órdenes para dar cuenta de lo sucedido a sus superiores “alterando hechos sustanciales, para agregar ciertos puntos en la orden adulterada”, y adulteraron el lugar y momento del fallecimiento del conscripto fallecido.
