Con los alegatos de apertura ante el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal (TOP) de Iquique, se dio inicio este lunes a la primera jornada de juicio en contra de los ocho imputados por la Fiscalía en el “Caso Cajas de Alimentos”.
Este emblemático caso estalló en junio de 2020, luego que un reportaje de Radio Paulina revelara que productoras de eventos y una chef consiguieron una millonaria licitación. La investigación reveló que la Intendencia de Tarapacá, liderada por Miguel Ángel Quezada (UDI), otorgó contratos con montos pagados superiores al promedio nacional, generando un perjuicio al fisco por cerca de $500 millones.
En la primera jornada del juicio, el juez Marcos Soto Lecaros leyó las acusaciones del Ministerio Público en contra de los ocho acusados, destacando que los montos unitarios ofrecidos por los proveedores adjudicados son similares y superiores al promedio, lo que sugiere una colusión para obtener beneficios económicos a expensas del fisco.
El magistrado mencionó que esto va en contra de los principios de probidad y manejo adecuado de recursos públicos por parte de los funcionarios, quienes deberían haber considerado opciones más económicas y eficientes.
El juez agregó que los funcionarios públicos y particulares, bajo conductas irregulares, otorgaron contratos directos a empresas que no cumplían con los requisitos necesarios, generando un perjuicio fiscal de $469 millones, cifra que podría haber sido utilizada para proporcionar más de 11 mil cajas de alimentos a beneficiarios.
Acusación del Ministerio Público
El letrado informó que la Fiscalía acusa al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza; la exconsejera regional, Daniela Solari (Ex RN); y Johnny César Muñoz como autores del delito consumado de fraude al fisco.
En tanto, los imputados Juan Carlos Ayala, Ximena Ciudad Varela, Javier Díaz y Rodrigo Laferte son acusados por fraude de subvenciones. El Ministerio Público considera que todos los involucrados son “autores directos de los delitos”.
Asimismo, se solicita a Quezada, Plaza, Solari y Muñoz la pena de diez años de presidio mayor y una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, además de inhabilitación absoluta. Para los demás imputados, la Fiscalía pide cuatro años de presidio menor, la misma multa y penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua de derechos políticos.
Querellantes piden veredicto condenatorio
Tras un breve receso de esta primera jornada de juicio oral, el fiscal adjunto de Iquique, Juan Zepeda, dio cuenta de las irregularidades en la contratación de proveedores por parte de funcionarios públicos durante la emergencia sanitaria por covid-19 y bajo la dirección del exintendente Quezada.
Por su parte, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), David Álvarez, argumentó que los funcionarios actuaron de manera dolosa al favorecer a proveedores inhabilitados y sin la experiencia necesaria, permitiendo la corrupción a costa de fondos públicos.
La acusación del CDE se centró en la figura del fraude al fisco, destacando que las decisiones fueron tomadas de manera informal y sin justificación. El abogado enfatizó que no se considera un simple caso de sobreprecios, sino un “fraude sistemático” que “se disfrazó de ayuda social” durante una emergencia sanitaria.
En tanto, la abogada querellante particular, Paula Fortte, sostuvo que el Gobierno Regional de Tarapacá (ex Intendencia), bajo el mandato de Quezada, aprovechó la crisis del covid-19 para realizar “contrataciones ilegales” que beneficiaron a empresas y particulares sin la debida idoneidad.
Según la querellante, se llevó a cabo un fraude que perjudicó al fisco por más de $469 millones, que deberían haber sido destinados a asistencia social en la región de Tarapacá.
Por último, los querellantes de este caso pidieron al tribunal un veredicto condenatorio al final del juicio y solicitaron que se condene a todos los acusados tanto en el ámbito penal como civil.
Tras escuchar los alegatos de apertura del Caso Cajas de Alimentos, el juez Marcos Soto Lecaros comunicó el término de la transmisión. Las audiencias están programadas de 8:30 a 12:40 horas y el juicio contará con 40 jornadas, cientos de pruebas y casi 70 testigos.
Se espera que este proceso judicial, que puede significar una pena de 10 años de cárcel para los principales imputados, dure cerca de tres meses.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” comenzó en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
El caso ha tenido dos procesos de formalización, el primero con la lista política que involucró al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; Ximena Ciudad, Juan Ayala, Lorena Barrientos y Luis Cepeda, entre los primeros imputados del caso.
En este primer grupo, el exdiputado y exconvencional por la región de Tarapacá, Hugo Gutiérrez (PC), interpuso una ampliación de querella imputando a más personas en el caso.
Con dicha ampliación que interpuso Gutiérrez se incorporaron funcionarios involucrados en la segunda entrega de cajas, proceso que fue financiado por el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá.
En tanto, en un segundo grupo fueron acusadas seis nuevas personas durante noviembre del 2023. Se trata de la exjefa de División Social y Humano de la Intendencia y actual funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, María Lemus Espinoza; los imputados Gabriel Díaz Duran, Marcelo Valenzuela Contreras, Gunther Ziller Arjona; la exconsejera regional Daniela Solari y su familiar directo Rodrigo Vega Laferte, quienes fueron formalizados por los delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado.
