El exalcalde de Casablanca y actual director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) en Tarapacá, Francisco Javier Riquelme López (Frente Amplio), fue formalmente notificado en Iquique de un requerimiento presentado ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso que busca su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, por su presunta responsabilidad en hechos constitutivos de notable abandono de deberes e infracciones graves a la probidad administrativa durante su gestión entre 2021 y 2024.
La acción, a la que tuvo acceso Radio Paulina, fue presentada por los concejales Ilse Quezada (RN), Iván Durán (RN) y Felipe Molina (UDI), quienes acusan al exjefe comunal de diez irregularidades que —según argumentan— han tenido un fuerte impacto financiero e institucional en la Municipalidad de Casablanca.
El requerimiento sostiene que Riquelme entregó incompletamente el acta de traspaso el 6 de diciembre de 2024, dificultando el inicio de la nueva administración. Además, acusan que el municipio pasó de tener un saldo de caja de más de $4.766 millones en diciembre de 2021 a solo $763 millones en 2024, generando una virtual cesación de pagos.
También se le imputa haber realizado gastos considerados “superfluos” por un total de más de $26 millones, incluyendo viáticos, banquetería, y viajes tanto dentro como fuera del país. Parte de esos fondos habrían sido utilizados en actividades de representación y difusión sin la debida justificación presupuestaria.
Uno de los puntos más controvertidos del libelo es la denuncia de contratación de familiares directos del exalcalde y de otros funcionarios, así como el otorgamiento de subvenciones y becas a personas vinculadas familiarmente a la administración, sin respaldo presupuestario ni control financiero adecuado.
Los concejales también acusan que se realizaron pagos de horas extraordinarias de forma indebida y se benefició a empresas locales mediante convenios de colaboración sin un marco jurídico claro, lo que —según indican— vulnera las normas de probidad y transparencia.
Luego de perder en las Elecciones Municipales 2024 contra el actual edil Rodrigo Martinez (RN), por más de 11 mil votos que obtuvo, Riquelme emprendió una nueva etapa en el aparato público.
En enero de 2023, asumió como directora regional de Senadis la abogada María Paola Vial, quien fue removida de su cargo en noviembre de 2024 por instrucción de la Dirección Nacional. Posteriormente, el 12 de enero de 2025, se abrió el concurso público mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), el cual fue adjudicado por Riquelme. Así, el 29 de abril de 2025 fue oficialmente nombrado director regional titular de Senadis Tarapacá.
Notificación en Senadis Tarapacá
La demanda fue admitida a tramitación el 9 de junio de 2025 por el TER de Valparaíso, que ordenó notificar personalmente al exalcalde. Como actualmente Riquelme se desempeña como director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) en Tarapacá, se envió un exhorto al TER de Iquique para proceder con la notificación.
El receptor judicial Hans Jurgensen realizó una primera visita el 19 de junio a las oficinas de Senadis en calle Orella 433, confirmando su presencia pero sin lograr ubicarlo. Finalmente, el 23 de junio, logró notificarlo personalmente entregándole copia de la resolución y las piezas del expediente. La diligencia fue certificada y remitida oficialmente al tribunal electoral.
Posibles consecuencias
Los concejales requirentes solicitan que el tribunal declare la inhabilidad de Riquelme por cinco años para ejercer cualquier cargo público y que se le condene al pago de costas del juicio. El proceso sigue su curso en el TER de Valparaíso, donde se deberá dar traslado al exalcalde para sus descargos y eventualmente fijar audiencia para revisión de los antecedentes.
De prosperar la acción, Riquelme quedaría impedido de ejercer funciones públicas hasta el año 2030. En caso contrario, el tribunal podría desestimar parcial o totalmente los cargos. Mientras tanto, el exjefe comunal continúa desempeñando funciones como autoridad regional del gobierno en Tarapacá.
Revisa en detalle la demanda interpuesta en el TER por los ediles.