El ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconoció ante la Comisión de Gobierno Interior del Senado que el país mantiene cerca de 44 mil solicitudes de expulsión de migrantes pendientes y advirtió que el presupuesto disponible para concretarlas durante este año es insuficiente.
La situación fue abordada durante la exposición que realizó este martes ante la instancia legislativa, donde presentó los principales ejes de trabajo del Ministerio del Interior en materias de descentralización, migración, emergencias, prevención del consumo de drogas y fortalecimiento fronterizo.
Durante la sesión, el senador por Tarapacá, Renzo Trisotti, manifestó su preocupación por la gran cantidad de expulsiones pendientes y consultó si existen recursos para ejecutarlas, considerando que una parte importante corresponde a ciudadanos venezolanos.
“El presupuesto establecido no es mucho, son cerca de 4 mil millones de pesos, y el costo per cápita de una expulsión es del orden de los 3 millones de pesos, porque las personas van acompañadas de policías y todo”, respondió Alvarado.
Pese a ello, el ministro aseguró que el Gobierno espera reiniciar de manera sistemática las expulsiones a partir de abril. Para ello, explicó que durante el primer semestre se utilizarán los recursos disponibles y posteriormente se solicitará una reasignación de fondos provenientes de los ingresos propios que recauda el Servicio Nacional de Migraciones.
“No vamos a salir a pedir más plata, sino que vamos a pedir que lo que se recauda por otros conceptos pueda reasignarse para este tipo de acciones”, sostuvo.
Uno de los principales obstáculos, según explicó el secretario de Estado, es la falta de coordinación con algunos países de origen, especialmente Venezuela. El ministro reconoció que la inexistencia de consulados o relaciones diplomáticas dificulta la identificación de las personas y, por ende, la concreción de los traslados.
“Cuando no hay un consulado habilitado ni acá ni allá, todo se hace más complejo y más difícil”, afirmó, agregando que la Cancillería se encuentra trabajando para “tender puentes” con el gobierno venezolano y así facilitar los procesos de expulsión en el mediano plazo.
En la misma sesión, el senador Trisotti advirtió que el actual despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte no puede ser permanente y planteó que el fortalecimiento debe quedar radicado en Carabineros y la Policía de Investigaciones.
El parlamentario puso especial énfasis en la situación de Tarapacá y Colchane, donde existen proyectos de infraestructura pendientes para Carabineros.
“En algún minuto los militares deberán salir de la zona fronteriza, por lo tanto el fortalecimiento tiene que ser con la entidad competente del resguardo de nuestras fronteras”, señaló.
Frente a ello, Alvarado indicó que el Gobierno está revisando el Plan Nacional Fronterizo elaborado por la administración anterior y entregado pocos días antes del cambio de mando. Según explicó, el documento considera el estado actual de los complejos fronterizos, las inversiones necesarias, la infraestructura policial y el funcionamiento de los servicios públicos en la frontera.
“Estamos analizando la infraestructura, las necesidades de inversión, el funcionamiento de los servicios y mecanismos que permitan disminuir los tiempos de espera y los atochamientos en los pasos fronterizos”, indicó.
Finalmente, Trisotti también solicitó antecedentes sobre el avance del Plan de Zonas Extremas para Tarapacá, el que, según dijo, comenzaría a ejecutarse este año y tendría una proyección de diez años. Sin embargo, durante la sesión no se entregaron detalles sobre los recursos comprometidos para esa iniciativa.