La contralora general de la República, Dorothy Pérez, expuso ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile los principales hallazgos del Informe Final N°421 relacionado con el Plan de Emergencia Habitacional impulsado durante el gobierno anterior y liderado por el entonces ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Durante la sesión, la autoridad aclaró que la investigación no detectó delitos, razón por la cual los antecedentes no fueron remitidos al Ministerio Público.
“No presenté reparos a la recuperación de dinero, no hay norma vulnerada”, afirmó Pérez, agregando que la Contraloría solo tiene facultades para determinar eventuales responsabilidades administrativas y civiles.
Sin embargo, la contralora sostuvo que sí se detectaron ineficiencias en el uso y administración de recursos públicos, motivo por el cual se instruyó un sumario administrativo en la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, abierto el pasado 15 de abril.
El informe revisó acciones desarrolladas entre 2022 y 2024 para la adquisición de terrenos destinados al Plan de Emergencia Habitacional, especialmente en relación con el déficit habitacional y la focalización hacia familias del 40% más vulnerable.
Entre las observaciones detectadas, la Contraloría advirtió debilidades en los sistemas de control interno, indicando que gran parte de la información sobre terrenos era administrada mediante planillas Excel y no a través de la plataforma oficial SIBIS, obligatoria para el Serviu.
También se detectó falta de segregación de funciones entre tasación y adquisición de terrenos, además de ausencia de rangos obligatorios de precios para concretar compras.
Sobre las denuncias de eventuales sobreprecios difundidas públicamente, Pérez sostuvo que el informe no utiliza ese concepto porque no existe una norma legal o reglamentaria que establezca límites específicos.
“No hay un límite legal o reglamentario objetable”, explicó.
Distribución de terrenos y metas regionales
Otro de los puntos abordados por la Contraloría fue la distribución territorial de los terrenos adquiridos para el banco de suelos públicos.
Según el informe, la superficie comprada superó en un 61,33% la meta originalmente establecida.
La contralora indicó que, a juicio del organismo fiscalizador, no era necesario adquirir terrenos en regiones como Tarapacá, Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
En contraste, se detectó que regiones como O’Higgins, Maule, Biobío y Metropolitana no alcanzaron la superficie de suelo necesaria para el plan habitacional.
Además, se señaló que en siete de las ocho regiones cuestionadas no existen avances concretos en proyectos de viviendas sociales asociados a esos terrenos.
Debate político en la comisión
La exposición generó distintas reacciones entre parlamentarios oficialistas y de oposición.
Desde sectores oficialistas manifestaron preocupación por posibles irregularidades asociadas a pagos duplicados o triplicados por algunos terrenos, además de cuestionamientos por compras vía trato directo y ausencia de más tasaciones.
Algunos legisladores plantearon que podrían haberse vulnerado principios de probidad, eficacia y eficiencia administrativa.
Por otro lado, parlamentarios de oposición criticaron que se hayan levantado acusaciones de delitos sin respaldo en el informe de Contraloría y llamaron a esperar los resultados del sumario administrativo antes de establecer responsabilidades.
También señalaron que el Gobierno enfrentó dificultades para implementar el banco de suelos públicos, debiendo recurrir posteriormente a terrenos privados para avanzar con el plan habitacional.