Exgeneral Juan Emilio Cheyre es procesado tras ser acusado por malversar $5.100 millones de gastos reservados

Esta no es la primera vez que el exmilitar se ve involucrado en un proceso judicial, considerando que fue procesado por la malversación de cerca de 130 millones de pesos destinados a labores de inteligencia.

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El ex comandante en jefe del Ejército de Chile, Juan Emilio Cheyre, se encuentra nuevamente procesado por la ministra Romy Rutherford y en esta ocasión, el exuniformado enfrenta acusaciones relacionadas con la malversación de una suma considerable de dinero, específicamente, $5.100 millones de gastos reservados.

Esta no es la primera vez que el exmilitar se ve involucrado en un proceso judicial liderado por la magistrada Rutherford, considerando que fue procesado por la malversación de cerca de 130 millones de pesos destinados a labores de inteligencia.

En detalle, el proceso legal que rodea a Juan Emilio Cheyre en esta ocasión se enmarca en la causa conocida como “Fraude en el ejército”. En tanto, la ministra Romy Rutherford anunció su retiro de esta causa el pasado lunes.

Ahora, el caso de Cheyre quedó en manos del magistrado que asuma la investigación a partir de este momento. El juez deberá determinar si se ordena o no su prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso legal.

Cabe mencionar que este no es el único frente judicial en el que Juan Emilio Cheyre se encuentra actualmente. En noviembre de 2018, fue condenado a 3 años y 1 día de libertad vigilada por su participación en el encubrimiento de 15 homicidios calificados en el conocido “Caso Caravana de la Muerte”. Hecho ocurrido en 1973 durante la dictadura cívico-militar.

Además de la condena, se le impuso la prohibición de postular o ejercer cargos de representación pública y esta sentencia fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en octubre de 2022.

A su vez, en ese mismo año, la ministra Romy Rutherford, en su rol como magistrada en visita de la Corte Marcial, sometió a proceso a Juan Emilio Cheyre por el delito de malversación de caudales públicos, alegando un perjuicio fiscal por un monto de $128.638.559. En esta ocasión, la magistrada también ordenó su prisión preventiva.