El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió al proceso de regularización acotada que estudia el Gobierno para parte de la población migrante empadronada, defendiendo la medida como una respuesta basada en datos y en la seguridad interna.
Cordero destacó que el empadronamiento biométrico no implicó un inicio automático de regularización, sino que fue una herramienta para recopilar información clave sobre los migrantes en el país.
De acuerdo con la autoridad, las razones de seguridad interna son muy relevantes. No solo tenemos que saber dónde están y quiénes son, sino también cómo se localizan y distribuyen”, señaló.
Seguridad y exclusión de personas vinculadas a delitos
El subsecretario enfatizó que las personas empadronadas no están generalmente relacionadas con delitos graves. “Los sicarios de la mafia no se empadronan”, subrayó, afirmando que el Ejecutivo busca separar este universo de migrantes de aquellos que cometen delitos y deben enfrentar las sanciones correspondientes.
Asimismo, Cordero recordó dos proyectos de ley en tramitación que buscan endurecer la legislación migratoria: una ley miscelánea que hará más estricta la normativa, y otra que permitirá a la Policía de Investigaciones (PDI) localizar y detener a personas con decretos de expulsión, incluso en recintos cerrados.
Descartando el “efecto llamada”
Frente a las críticas de un posible “efecto llamada” que incentive la inmigración irregular, Cordero insistió en que los datos de estudios internacionales refutan esta percepción. “El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han señalado que los procesos de regularización no producen el efecto llamada. Invito a quienes sostienen lo contrario a mostrar los datos”, afirmó.
Además, precisó que el 67% de los migrantes empadronados ingresaron al país entre 2018 y febrero de 2022, principalmente como parte de la diáspora venezolana, lo que indica que sus movimientos no responden a una migración voluntaria, sino forzada.
Sin nuevos llamados a empadronamiento
Finalmente, el subsecretario descartó la posibilidad de un nuevo proceso de empadronamiento durante la actual administración. “Eso tendrá que valorarlo otra administración”, concluyó, reiterando que el actual estudio busca una solución práctica, alejada de sesgos y prejuicios.
El proceso de regularización acotada sigue en análisis y espera definir criterios claros para su implementación, en línea con los objetivos de seguridad y control migratorio del Ejecutivo.