La directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Tarapacá, Lorena De Ferrari, expresó en conversación con Radio Paulina su preocupación por la falta de avances en la investigación del fallecimiento del subteniente Matías Fuentes Vera, ocurrido el pasado 18 de diciembre en el Fuerte Militar Baquedano. Según De Ferrari, el INDH remitió un oficio a la Fiscalía Regional, solicitando que el caso sea investigado en el ámbito civil, al considerar que no corresponde a la justicia militar.
El subteniente fue encontrado sin vida en su dormitorio, tras presuntamente ingerir fármacos. Antes de su fallecimiento, dejó una carta en la que denunciaba hostigamiento y bullying por parte de cuatro oficiales debido a su contextura física, información confirmada por su familia.
De Ferrari argumentó que el Código de Justicia Militar establece que esta jurisdicción solo debe abordar delitos cometidos por militares en servicio activo que estén vinculados estrictamente a funciones militares.
En este caso, al tratarse de un presunto suicidio relacionado con acoso laboral, el INDH sostiene que corresponde al ámbito penal civil. “Podríamos estar frente a delitos como vejaciones injustas o tratos inhumanos degradantes, que deben ser investigados por la Fiscalía y llevados ante un tribunal de garantía”, afirmó.
La directora también lamentó no haber logrado establecer contacto con la familia del subteniente, quienes residen en la región Metropolitana. “El trabajo del INDH ha sido realizado de oficio, basándonos en la información disponible en la prensa. Nos gustaría poder comunicarnos con la familia para informarles sobre las gestiones realizadas”, agregó De Ferrari.
Respecto al actuar del Ministerio Público, De Ferrari enfatizó que la Fiscalía tiene el deber legal de investigar los delitos denunciados. “El INDH presentó la denuncia, indicando que el caso no es de competencia militar. Ahora, corresponde a la Fiscalía Regional decidir cómo proceder. Por mandato legal, deberían cursar la denuncia, lo que usualmente implicaría derivarla a la Fiscalía Local de Pozo Almonte y emitir una orden de investigar”, explicó.
El caso ha generado preocupación en diversos sectores, resaltando la necesidad de garantizar una investigación imparcial y exhaustiva que determine las responsabilidades y evite que situaciones similares se repitan en el futuro.
