El Juzgado de Garantía de Iquique condenó a Marcelo Lefort Hernández, gerente general de la empresa Itelecom, a 3 años y un día y 711 días de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva, por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y soborno reiterado en el marco del “Caso Luminarias”, en que se adjudicaron millonarias licitaciones públicas para el recambio de alumbrado eléctrico en Tarapacá.
En un procedimiento abreviado realizado el jueves, el tribunal aplicó también al condenado las accesorias legales de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos por el término de 10 años, además de una multa equivalente al 5% del perjuicio por fraude al fisco que equivale a $50 millones y 300 UTM, es decir, más de $20 millones.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) valoró la sentencia del tribunal que acogió los argumentos presentados por el abogado litigante del organismo, David Alvarez, formuladas en la acusación particular, elevando la pena de Lefort por el delito de soborno reiterado, esto considerando que el juzgado estimó que el acusado “tuvo un rol principal en las conductas delictivas en orden a ofrecer sobornos a funcionarios públicos para asegurar la adjudicación de licitaciones”.
“El acusado en su rol de principal accionista de la empresa, gerente general y representante legal de la misma tuvo un rol principal en las conductas delictivas en orden a ofrecer sobornos a funcionarios públicos para asegurar la adjudicación de licitaciones, y en consecuencia, es de justicia y resulta compatible con la mayor extensión del mal causado con su actuar, la aplicación de una pena mayor a su respecto”, indicaron en un comunicado.
Al respecto, la abogada procuradora fiscal de Iquique, María José Venegas, valoró este fallo pues “constituye una sentencia significativa, que refleja la labor sostenida que ha desarrollado el Consejo de Defensa del Estado en esta causa de envergadura nacional”. Asimismo, destacó lo señalado por el tribunal que estableció una mayor responsabilidad del imputado en estos delitos, como dueño de la empresa.
Caso Luminarias
Se trata de uno de los casos de cohecho, soborno, fraude al fisco y lavado de activos más mediático de la última década en la región de Tarapacá.
La investigación comenzó a fines de 2017, cuando un denunciante anónimo informó al alcalde de Iquique, Mauricio Soria, que se estaban produciendo extraños movimientos entre algunos funcionarios municipales y concejales en la licitación para dotar de nuevas y modernas luminarias a la ciudad.
Tras la denuncia formal de Soria, la Fiscalía inició un silencioso trabajo de intervención de teléfonos y seguimiento de los involucrados, con lo cual pudieron determinar que, efectivamente, cuatro concejales, un exseremi y algunos funcionarios estaban en avanzadas conversaciones para recibir coimas a cambio de hacer ganar a la empresa Itelecom la licitación para el recambio de más de 12 mil luminarias en toda la ciudad, inversión que superó los 6.500 millones de pesos.
Dos años después, el 6 de mayo de 2020, estallaría públicamente el caso cuando la PDI allanó las viviendas de los involucrados, tanto en Iquique como en Santiago, y termina deteniendo al ex intendente Mitchel Cartes, a Arsenio Lozano, Guillermo Cejas y a Felipe Arenas, todos concejales en ejercicio, además de otras once personas, incluido el ex seremi del Deporte, Johan Vieira.
En su acusación, el Ministerio Público sostuvo que Lefort junto Pedro Guerra, subgerente de Itelecom, encargaron a un tercero sobornar a funcionarios públicos para beneficiar a la empresa del condenado y obtener información reservada.
“Con su actuar, esta funcionaria pública, en las operaciones en las que intervino, y por la vía de la entrega de información anticipada y reservada, incumpliendo gravemente las obligaciones de confidencialidad de su cargo, permitió que la empresa Itelecom pudiera presentar una oferta con un sobreprecio, produciéndose finalmente una defraudación fiscal, afectando gravemente la causa pública”, se detalla en el documento.
Gracias a la información obtenida en forma anticipada y con ánimo de defraudar al fisco y de pagar sobornos a los funcionarios públicos, Lefort y Guerra aumentaron artificial e injustificadamente la oferta económica de su empresa, en al menos $500 millones, lo que generó un perjuicio fiscal.
Con el objeto de ocultar el origen del dinero de los sobornos, Lefort, Guerra y José Hidalgo se concertaron para que la empresa de este último generara a Itelecom facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados, con el objeto de justificar las salidas de dinero desde las cuentas de la empresa y dar apariencia de legalidad a dichos dineros cuyo propósito era dar cumplimiento al acuerdo de pago de los sobornos a los funcionarios públicos ya mencionados.
