Este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados tomó conocimiento de la Acusación Constitucional interpuesta en contra de la exministra de Defensa Nacional, Maya Fernández.
El libelo la acusa de infringir la Constitución Política por haber celebrado un contrato con el Estado vulnerando la prohibición contenida en el artículo 37 de la Carta Magna. La acusación fue interpuesta por un grupo de diputados de la UDI, Partido Republicano, Renovación Nacional, Partido Social Cristiano e Independientes.
De acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución, se procedió al sorteo de los cinco diputados(as) que deberán analizar la procedencia de la acusación. Fueron elegidos Jorge Durán (RN), Jaime Naranjo (PS), Emilia Schneider (FA), Alexis Sepúlveda (PR) y Leonardo Soto (PS).
Antecedentes
El documento señala que la exministra de Defensa es dueña, en comunidad, del inmueble ubicado en calle Guardia Vieja, comuna de Providencia, que albergó la casa del ex presidente de la República, Salvador Allende.
En noviembre de 2024, el presidente Gabriel Boric anunció la compra de esta propiedad, junto a la del expresidente Patricio Aylwin, para conservarlas como sitios de patrimonio.
Previamente, en septiembre del mismo año, la exministra Fernández, en conjunto con los demás copropietarios del citado inmueble, otorgaron un mandato especial a Felipe Vio Lyon para que en su nombre y representación venda, enajene y transfiera el referido inmueble.
Por último, el 30 de diciembre de 2024, mediante escritura pública, Felipe Vio Lyon celebró el contrato de compraventa con el Fisco, representado por la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, por un precio de venta de 24.291,72 UF.
Este hecho, a juicio de los acusadores, configuró la vulneración de la Constitución por parte de la exministra de Defensa Nacional.
Plazos
A partir de esta jornada rige el plazo de tres días para que la Cámara notifique, personalmente o por cédula, a la exministra Fernández. Una vez notificada, tendrá diez días de plazo para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, en forma personal o por escrito.
Posteriormente, la comisión especial de la Cámara Baja tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella.
