La Sala de la Cámara aprobó, de forma unánime, un proyecto de ley que busca fortalecer la fiscalización y aumentar las sanciones en el otorgamiento de licencias médicas. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo y revisada en una comisión mixta –ya aprobada por el Senado la semana pasada– modifica la Ley 20.585, con el objetivo de proteger el sistema de seguridad social de abusos, uso indiscriminado y fraudes.
La nueva normativa establece que solo podrán emitir licencias médicas los profesionales autorizados –médicos cirujanos, cirujanos dentistas o matronas– que estén debidamente inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia de Salud. Además, los médicos cirujanos que hayan obtenido o revalidado su título a partir del 19 de abril de 2009 deberán aprobar el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina.
Entre las medidas destacadas se incluyen el aumento sustancial de las multas y el incremento de los periodos de suspensión para emitir futuras licencias. La ley también prevé notificaciones electrónicas a los profesionales investigados y la obligación de adjuntar la ficha clínica u otros documentos que acrediten la atención médica.
Asimismo, otorga facultades para investigar a contralores médicos de la Compin y de las isapres, y refuerza el control de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Compin, con un incremento presupuestario de $232 millones para Suseso y $461 millones para Compin.
El proyecto también define las causales para iniciar un procedimiento de investigación, por ejemplo, la emisión de licencias sin fundamento médico, y establece un cuadro de sanciones que incluye suspensiones de hasta 180 días o de carácter perpetuo, junto a multas de hasta 140 UTM en casos leves y hasta 600 UTM en casos graves. Adicionalmente, se contempla el envío de casos con licencias falsas al Ministerio Público y sanciones penales para los infractores.
La aprobación del proyecto en la Cámara deja el texto en condiciones de ser promulgado como ley, en un esfuerzo por garantizar que las licencias médicas se otorguen de manera legítima y transparente, protegiendo así el sistema de seguridad social y los derechos de los usuarios.
