La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca garantizar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por delitos graves, como tráfico de drogas, terrorismo y asociación delictiva. El proyecto fue remitido al Senado para su revisión final.
La nueva normativa establece que los abogados que patrocinen o actúen como apoderados de personas imputadas por delitos relacionados con la Ley 20.000 (delitos de drogas), crímenes terroristas o actividades delictivas organizadas deberán percibir sus honorarios a través de métodos de pago trazables, como cheques, vales vista, transferencias electrónicas o tarjetas de pago. De esta forma, se busca evitar el uso de dinero en efectivo, dificultando la posibilidad de encubrir recursos de origen ilícito.
En su desarrollo, el proyecto también contempla la creación de un nuevo deber para los abogados, que deberán informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre los pagos recibidos por sus servicios. Esto garantizará la trazabilidad de los pagos y evitará el uso de dinero proveniente de actividades ilícitas para financiar la defensa de los imputados. La medida también establece sanciones para aquellos abogados que incumplan estas obligaciones, como la suspensión de su ejercicio profesional por un periodo de seis meses a un año.
La propuesta, que fue discutida en la Comisión de Seguridad Ciudadana, ha recibido un fuerte respaldo transversal, con un énfasis en la necesidad de combatir el crimen organizado y la corrupción. Durante el debate, los legisladores aseguraron que el proyecto no busca criminalizar a los abogados defensores ni limitar el derecho a la defensa, sino garantizar que los recursos utilizados provengan de fuentes legales.
El diputado Juan Fuenzalida, uno de los impulsores de la medida, subrayó la importancia de evitar que fondos ilícitos, como los obtenidos por defraudación al Fisco o de actividades delictivas, sean utilizados para pagar las defensas legales de los acusados.
El proyecto, que ha sido respaldado por varias figuras políticas, incluye una propuesta de ampliación para asegurar que los recursos utilizados en el pago de cauciones, como las fianzas, también provengan de fuentes lícitas. Sin embargo, algunos legisladores expresaron su preocupación de que el proyecto no tendrá un impacto real, ya que los implicados podrían eludir las nuevas disposiciones mediante otros métodos de pago.
Este paso legislativo forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar el control del financiamiento en casos judiciales relacionados con crímenes graves y seguir la trazabilidad de los recursos utilizados en estos procesos.
