La Sala de la Cámara de Diputados aprobó, por la unanimidad, el proyecto que faculta a los municipios para el retiro de cables aéreos en desuso. La norma remitida al Senado a segundo trámite faculta a los municipios a retirar los cables si las empresas concesionarias o permisionarias no lo realizan en los plazos legales establecidos.
De este modo, la iniciativa modifica la Ley general de Telecomunicaciones para disponer que los municipios podrán retirar, trasladar u ordenar estos elementos con cargo a las empresas dueñas de los desechos.
El texto también dispone que en aquellos casos donde no sea posible determinar la propiedad de los cables, la municipalidad notificará a todas las concesionarias y permisionarias autorizadas en la comuna la fecha en que ejecutará el retiro y los costos asociados. Las citadas empresas reembolsarán en partes iguales los gastos incurridos.
Para dicho reembolso se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales. Es decir, el certificado emitido por el secretario municipal que acredite el monto del retiro servirá como título ejecutivo para exigir el reembolso
correspondiente.
Al texto, presentado a trámite por la diputada Ana María Gazmuri y aprobado en general el pasado 7 de abril, se incorporó una indicación presentada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones que exime a los municipios por posibles afectaciones a los servicios de telecomunicaciones.
Esto en el marco de la acción de retiro de las líneas aéreas, subterráneas u otros elementos de la red, realizado conforme a esta normativa y al procedimiento que establece la Ley de Telecomunicaciones.
En el debate en Sala, los diputados intervinientes coincidieron que esta norma contribuye a terminar con la llamada basura aérea y mejorar la habitabilidad de las ciudades. Asimismo, que esto contribuye a generar mejores condiciones de seguridad y prevenir afectaciones al suministro de servicios básicos.
También se remarcó la inclusión de la norma que protege a las municipalidades en materia de responsabilidad, ya que esta corresponde a las empresas. Por último, se reiteró que no es solo necesario legislar con celeridad sino que se acompañe de una gestión eficiente para que la norma no sea letra muerta.
