El Consejo de la Magistratura y el Gobierno central de Bolivia anunciaron el inicio de un proceso administrativo y penal en contra de la jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien dejó sin efecto la orden de aprehensión y congelar los actos procesales que están en curso en contra del expresidente Evo Morales, acusado por el delito de trata y tráfico de personas con agravante.
Se trata del segundo fallo a favor que concede la cuestionada autoridad jurisdiccional cruceña hacia el líder cocalero, con quien trabajó durante su Gobierno en puestos de confianza desde 2012 al 2016.
El primer caso estalló a inicios de octubre del año pasado cuando la Fiscalía de Tarija ordenó la aprehensión en contra de Morales por el delito de estupro y trata de personas, por abusar a una niña de 15 años en 2016, mientras ejercía la presidencia, con quien tuvo una hija en común, hoy de 8 años.
Sin embargo, en una audiencia, la jueza Moreno dejó sin efecto tal orden de apremio y dispuso que el caso sea trasladado al bastión del exmandatario, en Villa Tunari-Cochabamba, pese a que el delito, presuntamente, se produjo en Tarija.
La Fiscalía General del Estado dejó en claro en aquella oportunidad que la investigación contra Morales seguía vigente, luego las pesquisas ingresaron en reserva por más de 10 días, después se produjo la notificación en el domicilio de Evo Morales para que acuda a declarar a Tarija.
Este llamado a presentarse ante la justicia no se cumplió porque la defensa de Morales presentó al menos cuatro incidentes argumentando que no fueron notificados legalmente y después que su defendido estaba enfermo.
Por último, el juez de Instrucción Penal, Nelson Rocabado, lo declaró en rebeldía y ordenó su aprehensión a principios de enero de este 2025, algo que el Ministerio de Gobierno no cumplió hasta la fecha justificando que esperaban el momento oportuno para proceder a la captura de Evo, sin dejar víctimas en Lauca Ñ, ante la defensa que instalaron las organizaciones sociales en el trópico de Cochabamba.
Además, esta semana, de manera sorpresiva, se conoció la decisión que tomó la jueza Lilian Moreno al conceder el 24 de abril la tutela que llegó hasta su despacho por parte de la defensa jurídica de Evo, en la que plantearon un recurso constitucional argumentando que sus derechos fueron vulnerados al haberse emitido orden de aprehensión contra el exmandatario.
Esta determinación se da en medio del anuncio que dieron las bases cocaleras de Morales, de protagonizar una gran marcha hacia La Paz este 16 de mayo para inscribir la candidatura de su líder, a fin de llegar a las elecciones generales del 17 de agosto, ya que el 19 de mayo vence el plazo para el registro de candidaturas.
