En una tensa sesión de la Comisión de Salud del Senado, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, entregó detalles del informe que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica vigente.
Según explicó la autoridad, la investigación se basó en el cruce de datos entre los Subsidios de Incapacidad Laboral (SIL), otorgados por Fonasa y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), y los registros migratorios de la Policía de Investigaciones (PDI). El resultado: más del 69% de los viajes correspondían a afiliados a Fonasa y un 31% a Isapres, con un alto número de salidas entre septiembre y diciembre.
Uno de los hallazgos más llamativos fue que un 12% de los casos detectados corresponde a funcionarios de la JUNJI y Fundación Integra, y que también se detectaron médicos que se autoprescribieron licencias para realizar partos tanto en el sector público como privado.
Contraloría entrega antecedentes a Fiscalía y CDE
Ante la gravedad de los hechos, Pérez informó que la Contraloría ya entregó la nómina de los involucrados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, y que se instruyeron sumarios en Fonasa, Suseso y COMPIN, debido a las deficiencias en el control de estas licencias.
“Existen hechos graves que son de público conocimiento. No hay que esperar que la Contraloría investigue para actuar”, advirtió Pérez, adelantando además que estos cruces de información se realizarán anualmente y que ya están procesando los datos de Capredena, Dipreca y licencias utilizadas para viajes dentro del país.
Respuesta del Gobierno y nuevas medidas
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, calificó la situación como de “máxima gravedad” y recordó que ya se aprobó un proyecto para contener el gasto por licencias médicas. A esto se suma una iniciativa que busca traspasar a Fonasa el rol de contralor médico, además de una reforma integral al sistema de subsidios por incapacidad laboral (SIL), que está en su etapa final de elaboración.
Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, detalló los esfuerzos de fiscalización de la COMPIN, incluyendo la identificación de grandes emisores de licencias, revisión de casos con doble empleador y movimiento migratorio. Hasta ahora, se han detectado 302 licencias fraudulentas y cinco funcionarios han sido destituidos.
Críticas en el Senado
Los senadores presentes, de todos los sectores, valoraron el informe de Contraloría, pero también cuestionaron al Ejecutivo por no haber iniciado una investigación similar antes. El presidente de la Comisión, Iván Flores, advirtió que “no se trata solo de sumarios, sino de un fraude al Fisco que debe ser perseguido penalmente”.
En tanto, el senador Juan Luis Castro preguntó por qué fracasó el convenio entre la Suseso y la PDI para obtener datos como los que hoy reveló la Contraloría, mientras que su par Sergio Gahona expuso un caso donde una trabajadora fue protegida por la Ley Karin pese a haber hecho mal uso de su licencia.
Desde la oposición, el senador Francisco Chahuán pidió revisar el concepto de “salud incompatible con el cargo” y reforzar el control en el sector privado, mientras que Alfonso De Urresti fue categórico: “Se perdió la ética. Mientras no se castigue con cárcel a quienes cometen estos abusos, esto no se va a terminar”.
