La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública de Arica y Parinacota, dejando sin efecto la prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantía de Arica contra una mujer, quien se encontraba privada de libertad a pesar de su estado de salud.
La imputada fue formalizada como autora del delito de robo en lugar no habitado y se encontraba sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva.
La defensa solicitó su modificación al acreditarse la existencia de patologías que afectaban seriamente su integridad física. No obstante, el Juzgado de Garantía de Arica desestimó esta solicitud, lo que motivó la presentación de un recurso de amparo.
El máximo tribunal del país estimó que la mantención de la privación de libertad carecía de fundamentos y determinó que, pese a los controles médicos informados por Gendarmería de Chile, existía un agravamiento en la situación de la amparada, quien requiere una cirugía y cuidados que no pueden garantizarse adecuadamente al interior del recinto penitenciario.
