El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, entregaron este viernes un nuevo balance sobre los procesos disciplinarios instruidos por el mal uso de licencias médicas en el sector público, tras el informe de la Contraloría General de la República que reveló que más de 25 mil funcionarios viajaron fuera del país entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencia.
Según los datos actualizados, se han identificado 8.814 funcionarios involucrados solo en servicios de la Administración Central. De ellos, 7.926 están siendo investigados mediante 7.474 sumarios administrativos, concentrándose la mayoría en los ministerios de Educación (3.353) y Salud (2.428).
Desde el primer balance presentado en mayo, se han detectado 824 nuevos funcionarios involucrados y un aumento de 1.334 personas sujetas a sumarios. Además, 1.468 funcionarios ya no trabajan en el servicio público correspondiente, frente a los 1.102 reportados previamente.
El ministro Marcel subrayó que “el hecho de que un funcionario renuncie no exime de la realización del sumario, ya que pueden existir sanciones económicas, devolución de fondos e incluso consecuencias penales por fraude al fisco”.
La directora de Presupuestos detalló que las licencias en cuestión tienen una duración promedio de 18,9 días. En base a las remuneraciones promedio, se estima que los funcionarios investigados recibieron alrededor de $10.938 millones en pagos durante sus periodos de licencia.
Marcel recalcó que esta cifra “es solo una parte del problema”, aludiendo a que el ausentismo por licencias médicas ha aumentado considerablemente desde la pandemia. “Si se comparan los niveles actuales con los previos a 2020, hay 10 días más de licencia al año por funcionario, lo que equivale a 32.000 jornadas completas, con un costo aproximado de US$ 350 millones para el Estado”, afirmó.
Nuevas medidas para abordar el ausentismo
La directora Martínez informó que el Gobierno ha comenzado a implementar una serie de medidas para enfrentar estructuralmente el ausentismo. Entre ellas, se incluye una restricción presupuestaria para servicios con altos niveles de inasistencia, la formación de Comités Locales de Ausentismo, y la reciente distribución de la guía “Gestión del Ausentismo Laboral: Enfoque Normativo y Práctico”, elaborada por el Servicio Civil.
Asimismo, mediante la circular N°17 del 26 de junio, se entregaron lineamientos para abordar de forma integral este fenómeno. Por su parte, la Contraloría instruyó a los servicios a solicitar certificados oficiales a la PDI sobre los movimientos migratorios de los funcionarios involucrados. Hasta el momento, la PDI ha recibido cerca de 1.500 solicitudes, respondiendo un 58%.
Próximos reportes y sanciones
Se espera que en los próximos 30 días los servicios públicos entreguen un nuevo informe, incluyendo detalles sobre el avance de los procesos, sanciones impuestas, eventuales impugnaciones, y casos enviados a la Contraloría. Las sanciones pueden ir desde multas y suspensiones, hasta la censura o el sobreseimiento del funcionario investigado.
Las autoridades reafirmaron el compromiso del Gobierno de seguir monitoreando el cumplimiento de la normativa y de aplicar todas las medidas necesarias para asegurar el uso correcto de los recursos públicos.
