Con el título “El fenómeno de la desinformación: Revisión de experiencias internacionales y en Chile”, la Comisión Asesora contra la Desinformación entregó su primer informe a la presidenta de la instancia y ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry.
El documento, elaborado por nueve expertos y expertas, revisó los reportes de organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial (2013), la Unión Europea (2018), la UNESCO (2020), la OMS (2022) y la APEC (2022), en los cuales han manifestado, entre otros puntos, “su preocupación por la desinformación y han instado a los países a definir estrategias integrales para abordarla”.
Con estos insumos internacionales, las y los comisionados reflexionaron que uno de los principales riesgos de la desinformación es que afecta a las sociedades “en materias tan sensibles como la salud, los desastres naturales, el medioambiente, las relaciones internacionales, la economía o la política”. Además, destacaron que dentro de los mayores desafíos de este debate global está delimitar el concepto de desinformación, porque “no existe hasta hoy una definición única” del fenómeno.
El informe enfatiza también “la importancia de proteger la libertad de expresión” como pilar de la democracia y reconoce la necesidad de abordar responsablemente el problema de la desinformación, tal como lo sugieren organismos internacionales de los que Chile forma parte (por ejemplo, la OCDE).
“Es importante señalar que la desinformación no tiene relación con el legítimo derecho de emitir opiniones sobre materias públicas y privadas. Por el contrario, este mismo derecho ha permitido enfrentarla a través de periodismo de calidad y el rol cívico de personas comprometidas con el debate público. Las opiniones están fuera de los márgenes del fenómeno, ya que opinar es expresar un juicio personal sobre una materia, un acontecimiento o una persona”, señala el texto de la Comisión.
Contenidos
El reporte, elaborado durante julio y agosto de este año, tiene cinco capítulos y 110 páginas. El capítulo 1 incluye una introducción conceptual que aborda definiciones iniciales, impactos y el contexto de la desinformación a nivel global y en Chile.
El capítulo 2 profundiza en diversas definiciones vinculadas a la desinformación, la información errónea y la información maliciosa, mientras que el capítulo 3 se sistematizan las experiencias de distintos organismos internacionales en relación a la desinformación, como Naciones Unidas, la Unión Europea y la OCDE.
Además, el capítulo 4 analiza la situación de la desinformación en Chile, describe el perfil de los usuarios de redes sociales, los tipos de contenidos distribuidos y la situación del fact-checking en el país. También, repasa la legislación vigente y los proyectos de ley en la materia.
Por último, el capítulo 5 se enfoca en el rol de la inteligencia artificial tanto en la generación de desinformación como en las herramientas para combatirla. Para cerrar, el documento incluye una síntesis de los aspectos abordados y presenta consideraciones finales a modo de cierre. A eso se suman cuatro anexos con información adicional sobre leyes en trámite y algunos otros temas.
El informe ya se encuentra disponible en la web del Ministerio de Ciencia. Además, fue compartido con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, respectivamente; con las comisiones de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado; además de las comisiones de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación; y de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados; y con las asociaciones gremiales de medios de comunicación.
Además, en los próximos días se convocará a instancias de discusión pública para darle a esta conversación una mayor diversidad de miradas.
La Comisión Asesora contra la Desinformación -formada por Lionel Brossi, Claudio Elórtegui, Ingrid Bachmann, María José Escobar, Patricia Peña, J.Carlos Lara, Pedro Anguita, Paulina Ibarra y Fabián Padilla- seguirá sesionando para avanzar en su segundo y final informe con recomendaciones en la materia, el que debe ser entregado a fines de noviembre, según lo señala el decreto supremo que creó a la instancia.