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Multa millonaria y posible clausura: Inmobiliaria enfrenta cargo grave por daños en reserva natural en el Tamarugal

La Superintendencia del Medio Ambiente acusa a Maturana y Fernández SpA de intervenir ilegalmente la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, incluyendo la tala de árboles nativos y la apertura de caminos sin autorización ambiental. La empresa arriesga sanciones que superan los $4 mil millones.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio contra la inmobiliaria Maturana y Fernández SpA, acusándola de ejecutar obras dentro de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, en la Región de Tarapacá, sin contar con la autorización ambiental requerida. El cargo, considerado grave, podría derivar en la clausura del proyecto, la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o una multa de hasta 5 mil UTA (más de $4 mil millones).

El proyecto Fundo San Ignacio habría realizado actividades como la apertura de caminos, el despeje de terrenos y la tala de 26 árboles nativos (20 tamarugos y 6 algarrobos), acciones que fueron denunciadas por la Corporación Nacional Forestal (Conaf). La Conaf alertó sobre daños significativos en esta área protegida, que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE).

Tras la denuncia, fiscalizadores de la SMA y Conaf realizaron inspecciones en terreno, constatando el uso de maquinaria pesada y otras intervenciones que vulneran las normas de conservación ambiental.

En 2022, la SMA exigió que el proyecto ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sin embargo, pese a las advertencias, el proyecto continuó sus actividades y los terrenos intervenidos siguieron siendo ofrecidos en venta. Según el Servicio de Evaluación Ambiental, el proyecto debía haber ingresado de manera previa y obligatoria al SEIA.

Declaraciones y sanciones posibles

José Miguel Pedraza, jefe de la oficina regional de la SMA en Tarapacá, señaló que “en las fiscalizaciones realizadas por la Superintendencia y Conaf se constató afectación en esta área protegida y en comunidades vegetales de especies nativas en categoría de conservación. El cumplimiento ambiental es una obligación para ejecutar cualquier tipo de proyecto”.

Por este cargo, la inmobiliaria enfrenta sanciones como la clausura del proyecto, la revocación de su RCA o multas significativas. Además, la SMA otorgó a la inmobiliaria un plazo de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y 22 días hábiles para entregar sus descargos.

Impacto y próximos pasos

El caso subraya la importancia de respetar las normativas ambientales para proteger áreas de alto valor ecológico como la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. La SMA continuará supervisando el cumplimiento de las regulaciones y evaluará las respuestas de la inmobiliaria en los plazos establecidos.

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