El ministro (s) del Interior, Luis Cordero, encabezó este viernes la firma de un protocolo interinstitucional que busca agilizar el proceso de expulsiones administrativas en el marco de la Ley de Migraciones. En el evento participaron el director subrogante de la Policía de Investigaciones (PDI), el director de Gendarmería de Chile y el director del Servicio Nacional de Migraciones.
Cordero destacó que esta iniciativa tiene como objetivo estandarizar y hacer más eficientes los procedimientos, reduciendo plazos y mejorando la interoperabilidad entre las instituciones involucradas. “Este protocolo uniforma la información, los tiempos y los flujos de comunicación, lo que permite que las expulsiones se desarrollen de manera más regular y eficaz”, afirmó.
Entre los avances, se enfatizó la implementación de herramientas tecnológicas para las policías, que ahora tienen acceso directo a la situación migratoria de las personas controladas, particularmente aquellas con decretos de expulsión vigentes. Asimismo, se priorizarán las expulsiones de personas vinculadas a organizaciones criminales, alineando este esfuerzo con las políticas de combate al crimen organizado.
Desde el inicio de la actual administración, se han notificado más de 6.000 nuevos decretos de expulsión, sumándose a los 24.000 existentes al inicio del período. Hasta la fecha, se han concretado más de 1.000 expulsiones administrativas, superando las cifras promedio de administraciones anteriores. Sin embargo, el ministro reconoció que persisten desafíos, como la imposibilidad de expulsar judicialmente a personas condenadas por delitos relacionados con drogas debido a modificaciones legales introducidas en 2021.
Cordero subrayó la importancia de avanzar en estos ajustes legales para aliviar la congestión en el sistema penitenciario, particularmente en el norte del país, y destacó que esta es una de las prioridades del Ejecutivo en materia de seguridad.
Regularización y control migratorio
El ministro también se refirió al estudio para implementar un proceso de regularización migratoria acotada, señalando que se está evaluando un perfilamiento de las más de 182.000 personas que podrían postular. Según explicó, esta medida apunta a reforzar la seguridad pública, identificando a quienes desean regularizar su situación y diferenciándolos de aquellos que optan por permanecer al margen de la ley.
“Lo que necesitamos como país es perfilar y priorizar las expulsiones de quienes representan un mayor riesgo para la seguridad, particularmente los asociados a organizaciones criminales”, añadió.
Agenda legislativa y gestión pública
En cuanto a la agenda de seguridad en el Congreso, el ministro destacó que en los últimos años se han aprobado más de 63 leyes en esta materia, subrayando la importancia de centrarse en su implementación para garantizar resultados concretos. Entre las iniciativas pendientes, mencionó el fortalecimiento del Ministerio Público, la Ley de Inteligencia y la regulación de infraestructura crítica.
“Lo que necesitamos ahora es enfocarnos en la gestión de las leyes ya dictadas. La ley es una herramienta que, con buena implementación, logra los impactos que buscamos”, concluyó.
Este protocolo, según las autoridades, representa un paso significativo para enfrentar los desafíos migratorios del país, alineando esfuerzos institucionales en torno a la seguridad y el control migratorio.
