Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la solicitud del presidente para prorrogar por 90 días más el decreto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar las áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
La prórroga fue aprobada por 108 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones. Los diputados de Tarapacá, Renzo Trisotti (Ex UDI) y Danisa Astudillo (PS), votaron a favor de extender el decreto, mientras que Matías Ramírez (PC) votó en contra.
Ahora, la medida será revisada en la Sala del Senado en una sesión programada para el miércoles 29 de enero a partir de las 16:00 horas. Una vez aprobada en la Cámara Alta se ratificará la continuidad del decreto por otros tres meses.
Discusión en Sala
En la sesión de esta jornada, el diputado de la Bancada Republicana, Renzo Trisotti (Ex UDI), manifestó su apoyo a la prórroga de la medida, enfatizando la importancia de fortalecer los recursos y las reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas.
El parlamentario pidió mantener la presencia militar en la frontera, especialmente en la región de Tarapacá, debido a la crisis migratoria. No obstante, mostró sus reparos a las cifras que indican un alto número de ingresos irregulares en comparación con las afirmaciones del Gobierno sobre una disminución del 48% desde 2021.
En este sentido, Trisotti hizo un llamado a la transparencia en las estadísticas y afirmó que existe una falta de recursos económicos y una operatividad efectiva del convenio entre Chile y Bolivia para abordar la situación.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que la medición de ingresos irregulares en la frontera es estimativa, a diferencia de los datos objetivos sobre detenciones y delitos.
La autoridad de Gobierno enfatizó que esta diferencia en la forma de medir puede llevar a confusiones y contradicciones en el debate, por lo que es importante considerar que ambos tipos de datos representan enfoques diferentes para entender la situación y no necesariamente reflejan ocultamientos o contradicciones.
En esta línea, la ministra sostuvo que los datos muestran una disminución en las denuncias y autodenuncias de ingresos irregulares de migrantes a lo largo de los años, pasando de 56.000 en 2021 a 29.000 en 2024. Según Tohá, esto sugiere que, a pesar de que sigue habiendo un número significativo de ingresos irregulares, la tendencia es a la baja.
“Entonces, ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Las denuncias y autodenuncias de manera categórica han ido bajando. Números que dan cuenta de ello, el año 21 fueron 56 mil, el año 22 fueron 53 mil, el año 23 fueron 44 mil, el año 24 fueron 29 mil. Entonces, de que bajan, bajan”, explicó.
La titular del Interior agregó que la capacidad de detención ha aumentado con más vigilancia en la frontera, incluso para abordar esta situación, se están implementando una serie de proyectos tecnológicos como el Sistema Integrado de Frontera (SIFRON) y la Muralla Digital para mejorar la detección de personas que intentan cruzar la frontera de manera irregular.
No obstante, Tohá indicó que la baja en el número de detenidos es de un 7,7%, siendo menos pronunciada, porque hay una mayor capacidad para realizar detenciones, con la presencia de patrullas militares y procedimientos más efectivos que permiten actuar rápidamente.
“Si comparamos el año, digamos, desde febrero a final de año del 2023 al 2024 y del 2024 en su conjunto, han bajado, pero han bajado solo en un 7,7%, porque hoy detenemos más que antes”, acotó.
Por último, la autoridad resaltó que Chile ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Bolivia para implementar un protocolo de reconducción, que permitirá devolver a personas que ingresen irregularmente desde Bolivia. Dicho protocolo entrará en funcionamiento en la segunda mitad de febrero, tras semanas de trabajo para anticipar posibles eventualidades y asegurar una correcta implementación.
Resguardo fronterizo en la Macrozona Norte
Recordemos que esta es la sexta renovación que se realiza del decreto supremo de infraestructura crítica en la Macrozona Norte, siendo aprobada inicialmente por la corporación en enero de 2023 y publicada de manera oficial el 24 de febrero del año pasado.
En concreto, el decreto permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Norte, medida que puede ser renovada por un plazo también de 90 días con el acuerdo del Congreso, mientras siga existiendo el peligro “grave o inminente” que dio lugar a su dictación.
El texto del proyecto señala que “se ha buscado disponer de todos los mecanismos necesarios para mejorar la vigilancia de las fronteras, de forma de asegurar un adecuado control migratorio en Chile que permita, por un lado, controlar los niveles de migración y el cumplimiento de los requisitos exigidos para ella y, por otro, asegurar la protección necesaria de la vida, la integridad física y la seguridad de quienes ingresen a nuestro país y de los habitantes de estas áreas”.
A su vez, el decreto entrega atribuciones a las Fuerzas Armadas para “contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas zonas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”.
